El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha anunciado hoy que el Grupo Municipal Socialista ha remitido a la Fiscalía el contrato de compra de 8.000 test rápidos Covid-19 por indicios de presuntas irregularidades detectadas en el expediente.
Hurtado criticó inicialmente que, por cuestiones de economía, y teniendo en cuenta el informe comparativo del Tribunal de Cuentas, Sadeco había comprado a precio excesivo el material, a 40 euros por test, cuatro veces más de la media, por lo que pidió copia del expediente a la empresa municipal. En concreto, el Ayuntamiento de Málaga compró los test a 7,90 euros la unidad y convenió con clínicas privadas su aplicación y supervisión médica pagándoles 2 euros por test que se hiciese, con lo cual el importe abonado fue de un total de 9,90 euros por test hecho.
"Una vez que hemos tenido acceso al expediente de contratación y lo hemos analizado, detectamos indicios de presuntas irregularidades, por lo que remitimos a la Fiscalía el expediente para su investigación", ha afirmado Hurtado.
En concreto, consta en el expediente que se invitan a tres empresas: Clínicas Beiman, que es la adjudicataria y que su especialidad es la medicina deportiva, y a dos más, JMEDIS del Puerto Santa María, que es una empresa de suministros que no una clínica, y SMD Servicios Médicos Deportivos de Sevilla, también especializada en medicina deportiva.
Según Hurtado, "con las tres invitaciones que constan en el expediente nos hacemos las primeras preguntas: ¿por qué no se invitan a clínicas especializadas? ¿No hay más clínicas en Córdoba que pudieran prestar este servicios? ¿Por qué se invitan a una clínica de Sevilla y a una empresa de suministros del Puerto de Santa María? ¿Por qué no se contactó con la Asociación de Clínicas de Medicina Privada de Córdoba, Asempur, perteneciente a CECO, e integrada por las clínicas y Hospitales: Quirón, Arruzafa, Cruz Roja, Clínica el Brillante, Los Ángeles de la Noche, Centro Medico Ciudad Jardín, centro de Baena, Villa del Río, Baena, Lucena, Peñarroya, Centro Médico Radiológico de Córdoba, Centro Médico de Posadas, Centro Médico La Colonia, Centros Médicos de Puente Genil?".
El socialista ha considerado que, viendo los presupuestos presentados por las tres empresas, "constatamos que quien firma la oferta de SMD Servicios Médicos Deportivos es su gerente, que figura también en la plantilla de Clínicas Beiman de Sevilla".
Así, ha explicado que Clínicas Beiman de Córdoba fue la adjudicataria de los 8.000 test al ser la oferta más barata, de 39,50 euros por test y 316.000 euros por el total del servicios. SMD Servicios Médicos Deportivos ofertó a 41,50 euros por test, 331.000 euros en total y JMEDIS Suministros Médicos a 42.10 euros por test, 407.528 euros en total (devenga un 21% de IVA al ser suministro).
Según Hurtado, "nos consta las quejas de los representantes de Asempur, al tener conocimiento del contrato y de que no se ha invitado a ninguna de sus empresas. También nos consta que se traslada el malestar al presidente y gerente de la empresa Sadeco entonces, por utilizar el trámite de emergencia que consideran innecesario, por no haberse invitado a empresas especializadas, por haber contratado a un precio excesivamente alto y porque la adjudicataria, según les constaba, tenía publicitado ese mismo servicio en su página web a 10 euros menos por cada test, lo que es muy difícil de entenderse cuando además se contratan 8.000 test a la vez".
Hurtado ha reafirmado que "debe ser la Fiscalía quien analice este expediente de contratación, a los efectos de que adopte las medidas oportunas en el supuesto de apreciar indicios de delito en la tramitación y adjudicación del mismo", al tiempo que ha pedido al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), "colaboración con la Justicia para que se aclare la verdad sobre este contrato".
Ya el pasado día 6 marzo, Hurtado señaló que, tras solicitar información sobre este contrato de compra, "hemos tenido conocimiento", por una rueda de prensa de Miguel Ángel Torrico, portavoz del PP en el Ayuntamiento, de que "no se compraron los test sin más, sino que se contrataron pruebas supervisadas por un facultativo médico".
En este sentido, el líder de la oposición señalaba que, además del control de legalidad, como grupo de la oposición "nos corresponde también el control al gobierno municipal atendiendo al principio de economía", por lo que se solicitó aclaración sobre "¿por qué Sadeco usó esta fórmula bastante más cara para hacer pruebas rápidas de la Covid-19 a sus empleados y no utilizó la formula que aplicó el Ayuntamiento de Málaga, bastante más económica, al comprar los test a 7,90 euros y conveniar con clínicas la supervisión médica a 2 euros por test, lo que supone un coste total de 9,90 euros, cuatro veces más barato que el coste asumido por Sadeco que fue de 40 euros por test?".
Hay que recordar que en esa época el presidente de Sadeco era David Dorado (Cs).
