Los secretarios de Salud Laboral de UGT y CCOO Córdoba, Jaime Sarmiento y Aurelio Martín, respectivamente, han analizado este martes la situación de la siniestralidad laboral en Córdoba tras contabilizar el décimo fallecido en accidente laboral en la provincia en lo que va de año, y han reclamado por ello a las administraciones "un compromiso real con la cultura preventiva, sin la que no se puede poner freno a la dramática situación de la siniestralidad laboral en Córdoba".
En este sentido y en rueda de prensa, Sarmiento y Martín, que han estado acompañados por los secretarios generales de ambos sindicatos en Córdoba, Vicente Palomares (UGT) y Marina Borrego (CCOO), han afirmado que "los datos de siniestralidad laboral de enero a mayo de 2023 no dejan lugar a dudas sobre la grave situación que se vive en la provincia", pues, "en los cinco primeros meses del año Córdoba ha registrado 4.072 accidentes laborales con baja, 41 de ellos graves y nueve mortales", que ahora son diez.
Estas cifras, según han lamentado, "sitúan a Córdoba como la provincia andaluza con un mayor índice de incidencia de accidentes de trabajo, con 307,28 accidentes por cada 100.000 personas trabajadoras, y más grave aún es el dato de incidencia de accidentes mortales, que es del 0,60 por cada 100.000 personas trabajadoras, muy por encima de la media andaluza, que es del 0,38".
El sector servicios, con 2.053, acumula más de la mitad de los accidentes laborales con baja producidos en los cinco primeros meses del año y casi la mitad de los accidentes mortales (cuatro). Tras el sector servicios se sitúa la industria, con 842 accidentes, la mayoría de ellos leves (833) y dos fallecidos.
Ante estas cifras, el secretario de Salud Laboral de CCOO Córdoba, Aurelio Martín, ha asegurado que la palabra que define la siniestralidad en Córdoba es "impunidad", la de "un empresariado que campa a sus anchas, día sí y día también, saltándose las normas más elementales de prevención de riesgos laborales. No les importa nada la seguridad y la salud de las personas que tienen a su cargo", cuando resulta que "el empresariado tiene la responsabilidad y el deber de proteger a las personas trabajadoras que tiene a su cargo".
Junto a ello, Martín ha reclamado que "la Inspección de Trabajo disponga de los medios necesarios, tanto humanos, como técnicos, para que puedan desarrollar una labor eficaz y rápida", pues "no puede ser que una denuncia tarde entre ocho meses y un año en ser resuelta", y además "necesitamos una justicia más ágil", siendo ejemplo de ello que "el 15 de noviembre de 2021 hubo un accidente mortal en Añora y a fecha de hoy todavía está pendiente que se concrete por parte de la justicia si fue accidente laboral o no".
A la Junta de Andalucía también le ha exigido "que redoble sus esfuerzos, y para ello es necesario que dote de recursos económicos las políticas de prevención de riesgos laborales", y "hay que poner recursos para la formación de las personas trabajadoras", mientras que el Ayuntamiento de Córdoba, "como institución más cercana a la ciudadanía, tiene que dar formación a la Policía Local para que puedan detectar incumplimientos de normas de prevención y lo puedan denunciar ante la autoridad competente".
Por su parte, el secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, ha recordado que "desde los sindicatos de clase, con el apoyo de la Junta de Andalucía, la patronal CECO y los técnicos del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, publicamos unos documentos técnicos muy útiles, tanto para los trabajadores, como para las empresas, responsables del cumplimiento de estás normas y de la adecuación de instrumentos y medidas para evitar todo tipo de accidentes, una propuesta que arranca de 2005 y que se ejecutó en 2007".
Sarmiento también ha resaltado "el trabajo que hemos llevado a cabo, junto a CECO, para la implantación de desfibriladores en los centros de trabajo" y ha aludido a los accidentes cardiovasculares como "uno de los nuevos altos riesgos asociados a las nuevas formas de trabajo y profesiones, que se ejercen bajo presión y estrés asociados a los riesgos psicosociales".
Junto a lo anterior, UGT y CCOO han demandado "una modificación de la Ley para crear la figura del delegado sectorial de prevención, un representante que pueda actuar en materia de prevención de riesgos laborales en las empresas que no cuentan con representación legal de los trabajadores, ya que son precisamente las micropymes y las pymes las que registran una mayor siniestralidad".
