La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, María Dolores Gálvez (PP), ha presentado esta mañana la convocatoria de ayudas de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo e la Junta para la contratación de personas con discapacidad, que cuenta en esta ocasión con siete líneas y una dotación global para Andalucía de 78 millones de euros, de los que casi 8 se destinan a la provincia de Córdoba.
De esas siete líneas, cinco son para la creación, mantenimiento y adaptación de puestos de trabajo y de las otras dos, una es para la creación de unidades de apoyo para personas con discapacidad en centros especiales de empleo y la otra para el tránsito de las personas con discapacidad desde el mercado protegido al mercado de empleo ordinario.
Según ha informado la delegada, para el primer bloque, es decir las dirigidas a la creación, mantenimiento y adaptación de puestos de trabajo, hay de plazo hasta el 20 de julio para solicitarlas tanto por los centros especiales de empleo como por las empresas ordinarias tienen. "Es una ayuda de concurrencia no competitiva, y se espera que beneficie a más de 2.300 personas en la provincia de Córdoba", ha indicado Gálvez.
Dentro del primer bloque, la primera línea consistiría en una subvención de 12.021 euros por la formalización de contratos indefinidos tanto a jornada completa como parcial. "Aquí se incentiva también la transformación de contratos temporales en indefinidos siempre que eso suponga un incremento de la plantilla", ha clicado la delegada.
La segunda línea es sobre
ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo. En este caso sería un incentivo equivalente al 50% del salario mínimo interprofesional (SMI) por cada mes en el que el puesto esté ocupado a tiempo completo. "Es la línea que cuenta con un mayor presupuesto, de 6,6 millones de euros en Córdoba".
Como novedad este año estas subvenciones se incrementan en un 55% del SMI cuando las personas trabajadoras tengan bien parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual (incluidas las del espectro autista), con un grado del 33% o más, así como personas con discapacidad física o sensorial con un grado reconocido del 65% o más.
La tercera línea es para la adaptación de puestos de trabajo y dotación de equipos de protección individual. Está dotada de 1.804 euros para la adaptación, mientras que para la eliminación de barreras se cubre hasta el 80% del coste de la actuación con un límite de 30.000 euros.
"Estas tres ayudas son para centros especiales de empleo que tengan trabajando a un 70% con personas con discapacidad igual o superior al 33%", ha expuesto Gálvez.
Por su parte, la cuarta y quinta línea de incentivos son ya para empresas ordinarias y hay de plazo para solicitarlas hasta el 17 de julio próximo en concurrencia competitiva. Por un lado, se subvenciona con 4.750 euros por cada nuevo contrato indefinido a jornada completa y con 3.907 por la transformación de contratos de duración determinada a indefinida.
De igual modo, se incentiva con 901 euros la dotación de equipos de protección individual para evitar accidentes y la eliminación de barreras para que estas personas acudan a trabajar.
Por un lado, se busca fomentar la creación de equipos multiprofesionales que se integrarían en las unidades de apoyo de los centros especiales de empleo y serían las encargadas de realizar las medidas de ajuste social y laboral para superar las barreras o las dificultades que estas personas se encuentran para incorporarse a su puestos de trabajo. Esta primera subvención se cubre con 1.200 euros anuales por cada persona atendida y sirven para sufragan los gastos salariales y de la Seguridad Social de los que compongan estas unidades por un periodo máximo de 12 meses.
La segunda línea de apoyo se ha pensado para el tránsito de las personas con discapacidad desde el sistema de empleo protegido al sistema ordinario de trabajo, dicho e otro modo, que "pasen de los centros especiales de empleo al mercado de trabajo ordinario y facilitar de ese modo más su integración laboral", en palabras de la delegada.
La ayuda, en este caso concreto, es para la contratación de los preparadores laborales para orientación y acompañamiento, con una ayuda que oscila entre los 2.500 y los 6.600 euros, "según el nivel de discapacidad".
Estos incentivos los pueden solicitar tanto los centros especiales de empleo, como las asociaciones, fundaciones o entidades sin animo de lucro, además de las empresas del mercado ordinario, "incluyendo los trabajadores autónomos".
