La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha recuperado este miércoles, mediante la ejecución de un auto judicial, una vivienda en alquiler titularidad de AVRA y ubicada en la calle General Lázaro Cárdenas de Córdoba, "por no ser destinada por la familia adjudicataria como domicilio habitual y permanente" y haberla mantenido "desocupada" desde 2015, "lo que privaba a otra familia de su uso".
Además, según ha aclarado la Junta de Andalucía en una nota, "la ejecución del auto se ha aplazado por un máximo de dos semanas, para que la familia titular" dispusiera de tiempo "para sacar los muebles y enseres y dejar la vivienda vacía".
La recuperación de dicha vivienda se había programado para este miércoles en base a un auto judicial emitido el pasado 7 de septiembre por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Córdoba, otorgando dos meses de plazo para su ejecución. Ese auto "autoriza a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía a la entrada en dicho domicilio, al objeto de ejecutar el desahucio administrativo acordado en resolución de 11 de febrero de 2021 por el director provincial de AVRA".
Dicho expediente se inició el 16 de enero de 2020, "a partir de datos recogidos desde 2015 que acreditaban que la vivienda no se utilizaba como domicilio habitual y permanente por la familia adjudicataria, que tenía este inmueble asignado en alquiler desde octubre de 2014".
De esta forma, a pesar de que los verificadores de AVRA hicieron varias visitas a la vivienda, la primera de ellas el 22 de enero de 2015, "no se pudo localizar a nadie en la vivienda", por lo que, "a partir de esa constatación, se inició una investigación en la que se comprobó que la familia se había trasladado a Ibiza por motivos laborales, aunque esta circunstancia no fue comunicada a la Agencia, pese al deber que tienen los inquilinos de informar, si se ausentan de su vivienda por periodos prolongados y causas justificadas".
Además, según un informe de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa), "no hay consumo desde febrero de 2015", y también se ha comprobado que "el adjudicatario no tiene contrato de suministro eléctrico", a lo que se suma que "los hijos menores de la familia no han estado matriculados en ningún centro escolar de Andalucía desde el curso 2015-2016 hasta el curso actual", es decir, que la familia adjudicataria no ha vivido en la vivienda desde 2015.
En consecuencia y según ha señalado la Junta de Andalucía, "el expediente para recuperar esta vivienda ha cumplido todos los trámites preceptivos hasta su resolución, firmada por el director provincial de AVRA el 11 de febrero de 2021, en la que se otorgaba plazo de un mes a la familia para desalojar voluntariamente y entregar la llave de la vivienda".
Además, "el 7 de mayo pasado se intentó comunicar a la familia la firmeza de la resolución, concediéndole un plazo de siete días para desalojar. Pero la vivienda seguía estando desocupada, por lo que no se pudo entregar dicha comunicación".
Desde la Administración autonómica se ha destacado, por último, que "la recuperación de esta vivienda es de interés público, ya que permitirá alojar en ella a otra familia, ya designada por el Registro Municipal de Demandantes de Córdoba, que ha cumplido el procedimiento reglado para solicitar vivienda protegida y que cumple los requisitos para ser adjudicataria. Esta familia tendrá que esperar ahora dos semanas hasta que la vivienda quede desocupada y disponible para ser habitada por los nuevos adjudicatarios".
