Esta misma semana, muy probablemente, se conocerá el resultado de la reflexión interna que está llevando a cabo el Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) sobre las posibles irregularidades cometidas en el Área de Infraestructuras, que lidera David Dorado, que, además, está en manos de un juzgado tras las diligencias previas de la Fiscalía.
En este sentido, el alcalde, José María Bellido (PP), ha dejado claro esta mañana que va a esperar a lo que diga la formación naranja en materia de responsabilidades políticas al respecto, porque se ha negado a hacer "ficción de escenarios tras la toma de decisiones", que, por cierto, ya se adelantó en su día y hoy lo ha vuelto a repetir en varias ocasiones el regidor, se hará de forma conjunta como cogobierno.
Por lo pronto, David Dorado si dimite o no, "habrá que preguntárselo a él", porque "a mí no me lo ha comunicado", ha indicado Bellido, antes de recordar que de cara a una responsabilidad política de los hechos, ésta se ciñe a una Delegación concreta, la de8 Infraestructuras, y ante eso "somos leales unos con otros y cada uno dirigimos nuestras propias áreas", por tanto "estoy dando un tiempo prudente a Cs para que hagan las reflexiones, debates y discusiones políticas que tengan que hacer a nivel interno" a fin de "llegar a las conclusiones de dónde están las responsabilidades políticas que haya que asumir ante esta situación".
Responsabilidades políticas
Dicho más claro: Corresponde a Ciudadanos tomar la iniciativa de búsqueda de responsabilidad para luego, verlo conjuntamente con el PP, dentro del marco del acuerdo de gobierno que tienen ambos. Un punto que ayer, lunes, dejaron claro también tanto la portavoz de Cs, Isabel Albás, como el edil de Hacienda, Salvador Fuentes (PP).
En este punto Bellido no ha tenido más remedio que hablar de su actuación y ha asegurado que se va a regir, para bien o para mal, con el mismo principio que siempre ha regido en su actuación privada y pública. "Más vale honra sin barcos que barcos sin honra". Un principio que también se va a aplicar en este caso a la hora de decidir.
El alcalde ha comenzando su complicada intervención a la vista de los hechos, lamentando que los cordobeses y cordobesas tengan que vivir esta situación, y les ha pedido confianza y tiempo para resolverlo, entre otras cuestiones porque "llevo muchos años gestionando fondos públicos sin ninguna tacha y ahora estamos con una situación muy compleja en la Delegación de Infraestructuras sobre la que estamos arrojando luz".
Esa confianza se ha de trasladar también al cuerpo de funcionarios del Ayuntamiento, que están siendo puestos en el punto de mira de supuestos casos irregulares ahora investigados. "Quiero dejar claro el apoyo rotundo y cerrado a los funcionarios intachables y ejemplares de esta casa", especialmente todos los que tienen que ver con los órganos de control municipales, que son múltiples y variados. Son, de hecho, los funcionarios "los protagonistas principales de la comisión de contratación creada ayer", y los que "nos tienen que ayudar a establecer mecanismos lo más automatizados posibles, lo más mecánicos posibles, donde menos intervención subjetiva haya en materia de contratación menor".
El proceso desde el inicio
Dicho lo cual, el alcalde ha desgranado todos los pasos que se han ido dando desde el gobierno local que son previos a las diligencias previas de la Fiscalía y que demuestran que "no voy a esconder la cabeza bajo tierra como el avestruz". Así, lo primero que llegó fue una denuncia de un caso muy concreto sobre unas certificaciones de obra en la Avenida de Libia que no se correspondían con la realidad, ya que las actuaciones no estaban acabadas. "Nosotros indagamos a nivel interno y con discreción, y cuando vimos que efectivamente podía haber un problema se encargó una investigación interna, una información reservada, que ordenamos en la Junta de Gobierno Local a la Asesoría Jurídica".
El resultado de esa investigación es, precisamente, la base de lo que ha dado traslado la Fiscalía al Juzgado, y que "nosotros entregamos a la Fiscalía como co-denunciantes". De eso se informó también a los portavoces de los grupos, de modo que Bellido ha querido dejar claro hoy que somos nosotros los que hemos dirigido esa investigación previa que la Fiscalía ha tenido en cuenta para sus conclusiones".
Posteriormente, ha aparecido una segunda denuncia por parte de empresas privadas sobre otras posibles irregularidades. Ante ellos, según Bellido, el teniente alcalde de Infraestructuras, David Dorado, encargó un informe previo a un perito que a la vista de sus conclusiones, y "en este caso es cierto que ha sido él el que ha decidido remitir directamente a la Fiscalía". Por otra parte, desde el cogobierno ayer mismo se encargó otra información reservada al secretario del Pleno, de modo que sea un órgano imparcial el que investigue.
El resultado de esas pesquisas determinarán futuras actuaciones: "Si hay que enviar a la Fiscalía, se hará; si hay que tomar medidas internas se harán", ha indicado el alcalde, antes de insistir en que ha actuado el cogobierno solo. "Aquí no ha habido ninguna denuncia previa de ningún grupo político ni de la oposición ni ningún otro tipo de órganos político, sino que ha sido a iniciativa propia y antes unas denuncias privadas que llegaban a la Delegación de Infraestructuras".
Expediente disciplinario
Las informaciones reservadas han tenido sus consecuencias. Por lo pronto, ha salido un expediente disciplinario al técnico apuntado por la Fiscalía, ahora suspendido, y que "tendrá el recorrido que tenga, porque hay una actuación judicial a la espera de ver qué ocurre el día de mañana". Una situación que no es nueva en el Ayuntamiento, ya que ocurrió algo similar en un anterior gobierno del PP con una serie de irregularidades en el marco del Instituto de Deportes (Imdeco) con las que "actuamos de igual manera".
Aparte de eso, tal y como se adelantó en el último Pleno municipal, hay un subdirector general, "que es funcionario público de categoría A", procedente de la Junta y que es ingeniero. Esta circunstancia es la que llevó al gobierno a encargarle temporalmente las funciones en la Subdirección General de Infraestructuras para que revise todos y cada uno de los contratos de alumbrado público que salen de esa Delegación. "Lo hemos hecho hace unos meses y no a raíz de la Fiscalía y se le han encomendado unas funciones para las que no venía y que él ha aceptado". Por tanto, ante situaciones que "son casi un polvorín" Bellido ha dicho que "estamos teniendo que atajar, poner orden y arrojar luz, y lo estamos haciendo en plena colaboración con la Fiscalía y con la justicia y con las medidas internas que haya que adoptar".
