Los servicios jurídicos de AUGC han asesorado y representado a un guardia civil destinado en el Puesto Principal de Montilla, en la Campiña Sur, que fue agredido junto a otros dos compañeros, obteniendo una sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba mediante la que se condena a un vecino de dicha localidad como autor de un delito de atentado, otro de lesiones y dos delitos leves de lesiones, por los que se le imponen las penas de seis meses de prisión y ocho meses de multa, así como a indemnizar a los agentes con cuantías que suman 5.669 euros por las lesiones causadas.
Los hechos tuvieron lugar en agosto de 2020, cuando en la zona del Paseo de Cervantes de Montilla los guardias civiles le indicaron al condenado que era obligatorio el uso de la mascarilla sanitaria, a lo que respondió de manera agresiva que "No me la pongo, porque no me da la gana", arrojando la mascarilla al suelo y gritando "¿Me la vas a poner tú, cabrón? Sois unos hijos de puta, perros del Estado".
A continuación, propinó un empujón a uno de los agentes tirándolo al suelo e intentando agredirle, y cuando los otros dos compañeros le auxiliaron, el agresor forcejeó violentamente con ellos, lanzándoles patadas y puñetazos, cayendo los cuatro al suelo, donde finalmente consiguieron sujetarle y engrilletarle.
Mientras los agentes informaban al detenido sus derechos, éste les amenazó diciéndoles "Ya nos veremos las caras, esto no va a quedar así, os vais a enterar, hijos de puta, puedo ser muy malo".
Los tres guardias civiles tuvieron que ser atendidos por las lesiones causadas, sufriendo distintas fracturas, esguinces y erosiones, que han determinado las correspondientes indemnizaciones económicas fijadas en la sentencia.
El abogado Álvaro Moreno, que ha asistido a uno de los agentes, ha declarado que "estos hechos y otros similares que se producen habitualmente corroboran lo que AUGC lleva años denunciando, que existe una tendencia al alza en las agresiones contra guardias civiles en la provincia de Córdoba y a nivel nacional, por lo que nuestro bufete seguirá colaborando activamente para defender los intereses de los agentes en situaciones como ésta".
Por su parte, Francisco Cruz, responsable de los servicios jurídicos de AUGC en Córdoba, expone que, "según las estadísticas oficiales, las agresiones físicas sin armas a los guardias civiles aumentaron considerablemente en 2022 respecto al año anterior, y para poder desempeñar las funciones con mayores garantías y los menores riesgos posibles no sólo son necesarias unas penas más graves y una mayor protección jurídica, sino que además debe dotarse a los agentes del suficiente material de defensa y protección, como son las pistolas táser y los chalecos balísticos ergonómicos y de uso individualizado".
Y añade que "la situación en la calle evoluciona continuamente a peor y los agentes se convierten en blanco de los delincuentes, que saben lo barato que les sale agredirles, con penas irrisorias e indemnizaciones que en la mayoría de los casos no se pagan al declararse insolventes los agresores. Sin olvidar el grave déficit de guardias civiles que padece esta provincia, por lo que cada vez son menos las patrullas que se pueden sacar a la calle, las cuales deben encargarse de la vigilancia de varias poblaciones simultáneamente, y carecen de apoyo en caso necesario".
