Miércoles 11.12.2019
Cordoba Hoy

JUICIO EN CÓRDOBA A LA MANADA

La acusación popular eleva a la categoría de agresión sexual para un acusado y le pide 9 años

Las penas oscilan entre los 6 años de la Fiscalía, hasta los 6 años y 8 meses del abogado particular y los 7 años de la letrada de Clata Campoamor para los tres abusos
Dos de los acusados de La Manada conversan entre ellos
Dos de los acusados de La Manada conversan entre ellos
La acusación popular eleva a la categoría de agresión sexual para un acusado y le pide 9 años

Las tres acusaciones -Fiscalía, particular y popular, a cargo de la Asociación Clara Campoamor- en el juicio en Córdoba contra cuatro miembros de La Manada acusados de abusos sexuales y delito contra la intimidad en Pozoblanco (así como agresión leve para uno de ellos) han ido prácticamente de la mano durante todo el proceso salvo discrepancias de última hora que les ha llevado a pedir penas diferentes para los reos.

Así, la abogada de la acusación popular, Patricia Catalina, ha elevado a agresión sexual (por violencia e intimidación) el delito de uno de ellos, el exmilitar Alfonso Jesús Cabezuelo, así como tres delitos continuados de abusos sexuales y cuatro delitos contra la intimidad, con lo que pide penas de 3 años para cada uno por abusos y de cinco por agresión más cuatro años para cada uno de ellos por delito contra la intimidad. A eso se le añade una indemnización para la víctima de 80.000 euros (lo mismo que se reclamó en Pamplona) y 10 años de alejamiento de la víctima.

Por su parte, el fiscal del caso, Jesús Aparicio, pide para cada uno de ellos 2 años, por ser lo proporcionalmente justo, por abuso sexual, y otros 4 años por delito contra la intimidad, al tiempo que el abogado particular de la víctima, Blas Arévalo, solicita 4 años y 3 meses para cada uno de ellos por delito contra la intimidad, otros 2 años y 5 meses por abusos y una indemnización de 80.000 euros.

Los tres han considerado que las pruebas de los delitos, es decir los vídeos, se consiguieron de forma lícita, por lo que tendrían que ser aceptadas por el juez del Juzgado de lo Penal número 1, Luis Javier Santos, si bien el fiscal ha rebajado la pena por abusos por discrepar con las otras dos acusaciones de que hubiera continuidad en el tiempo, y ha advertido que en caso de que el magistrado optara por considerar ilícita la consecución de las pruebas, no sólo tendría que anular los vídeos (la "prueba reina para este caso, más si cabe que la declaración de la víctima"), sino también los mensajes de WhatsApp y hasta las declaraciones e informes de la Policía Foral de Navarra.

Por su parte, Arévalo ha recordado la actitud de los acusados con la víctima al ir más allá de abusar, sino también humillar, ridiculizar e intimidar a la chica. En su opinión se han escuchado durante el proceso declaraciones contundentes, como la realizada por el fotógrafo de la caseta de Torrecampo donde estuvieron aquella madrugada, así como de los cuatro agentes de la Policía navarra y ha destacado la gravedad de los hechos para uno de ellos, que entabló amistad con la víctima y le generó la confianza suficiente como para meterse con ellos en el coche "y ponerla a disposición del resto". Igualmente, ha pedido que el silencio de los acusados por no declarar se considere como indicio en su contra.

Finalmente, la acusación popular ha modificado sus conclusiones, pero no ha querido ocultar su "sorpresa" ante el cambio de postura del Ministerio Fiscal que ha reducido parte de la pena reclamada. La letrada ha destacado que por parte de la víctima no concurre el móvil de resentimiento hacia ninguno de los acusados, puesto que hasta ese día no los conocía, ni siquiera luego por sus nombres, y de ahí que preguntara por ellos como 'los sevillanos', además de haber mostrado una declaración coherente y sin variaciones desde el principio, por lo que sus palabras tendrían que ser consideradas también como prueba.

Igualmente, ha lanzado una serie de sugerencias en el sentido de que el diferente de los acusados sentados en el banquillo cada día daba a entender que no fue casual, sino que servía para intimidar o para animar a los testigos, según fueran contrarios o cercanos. Es el caso, por ejemplo, según ella, del agente de la Policía Local que declaró el primer día, "quien les guiñó un ojo y le puso la mano en el hombro a uno de ellos cuando terminó de declarar". Además de que aseguro que una de las testigos que declaró el primer día, M. J. C. la llamó para decirle que no denunciara, porque había hablado con la madre del guardia civil, por lo que en su declaración "ella miente".

En cuanto a las indemnizaciones ambos letrados las han ligado a los efectos "devastadores" sobre la víctima de toda esta situación, hasta el punto de que Patricia Catalina lo ha ligado con un intento de detestación por parte de la joven el pasado mes de agosto.