El Grupo Municipal Socialista (GMS) va a presentar en el próximo Pleno ordinario del día 16 una moción en cuyo texto se busca instar a la Junta a que devuelva 94.612.151 euros a los ayuntamientos y diputaciones provinciales recaudada en concepto de impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.
De este modo, ese dinero podría servir como medio de financiación a esas administraciones para el mantenimiento y gestión de puntos limpios, puntos de acopio de residuos de la construcción de obra menor o, con carácter general, para los costes de gestión y tratamiento de residuos de competencia municipal.
Esa cantidad, según el teto de la moción, es lo que la Junta de Andalucía, en sus presupuestos para el año 2023, ha previsto ingresar por ese concepto, aunque, "sin embargo, no ha previsto capítulo de gasto alguno".
Instar a la Junta de Andalucía, en cumplimiento de sus competencias, a que transfiera la cantidad íntegra recaudada en concepto de impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, a los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, al objeto de que sirva a los mismos como medio de financiación para el mantenimiento y gestión de puntos limpios, puntos de acopio de residuos de la construcción de obra menor o, con carácter general, para los costes de gestión y tratamiento de residuos de competencia municipal.
De igual modo, se instar a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) a que negocie con la Administración autonómica la reversión de la recaudación del Impuesto sobre el Depósito de Vertidos a los ayuntamientos andaluces desde su inicio en el año 2023 y para años venideros.
Y es que, según indica la moción, con fecha 9 de abril del pasado año entró en vigor la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En su capítulo II se establece el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, como tributo de carácter indirecto que recae sobre la entrega de residuos en vertederos, instalaciones de incineración o de coincineración para su eliminación o valorización energética.
Esto ha hecho que ayuntamientos y diputaciones gestores de vertederos se hayan visto obligados a satisfacer el impuesto a la Junta desde el 1 de enero de 2023, "lo que puede provocar en caso de la no repercusión de ese impuesto un grave déficit municipal". En esta línea, la FAMP también apostó en enero de este mismo año por la reinversión en actuaciones municipales con carácter finalista de los 120 millones de euros que la Junta recibirá con cargo a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados.
De hecho, ayuntamientos y diputaciones provinciales, muchos gobernados por el PP, "están planteando una subida en el precio de la recogida de residuos como nunca antes se había visto, repercutiendo este impuesto que recauda la Junta en nuestros vecinos y nuestras vecinas".
Es el caso del Ayuntamiento de Córdoba, "con una subida del 35%", o la Diputación Provincial de Córdoba, "con una subida del 40,80%". El GMS señala que si la Junta atiende a esta petición, y revierte este impuesto, "esta subida no tendría que repercutir directamente en nuestros vecinos y nuestras vecinas".
