Facua Córdoba ha considerado, a través de un comunicado, "rídiculo" que la Junta de Andalucía haya decidido imponer una sanción mínima de 35.000 euros a la empresa Eventos Color Sur SL por cuadruplicar el aforo permitido en el cotillón que se celebró la Nochevieja de 2017 en el hotel Atalaya del municipio cordobés de La Rambla.
La asociación entiende especialmente grave que, a pesar de reconocer la propia Junta que la empresa "puso en riesgo la seguridad de las personas", la haya sancionado con tan sólo 35.000 euros cuando, además de vender más 2.800 entradas para un aforo máximo de 750 personas, existieron numerosas infracciones y problemas que también denunciaron tanto Facua Córdoba como los propios asistentes.
La sanción impuesta "dista mucho de la cantidad que recibió la empresa por la organización del evento", añade Facua. Y es que teniendo en cuenta que vendió entradas a 33, 40 y 60 euros la organizadora puedo ingresar más de 100.000 euros. Facua Córdoba considera una "vergüenza" que se le haya multado únicamente con 35.000 euros, lo que no deja de ser una "invitación a las empresas a que vulneren los derechos de los usuarios, ya que únicamente se arriesgan a ser descubiertas pero su margen de beneficios apenas se ve afectado".
De las más bajas
En este sentido, la asociación incide en que la multa impuesta por la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba, que ha calificado los hechos como muy graves, está entre las más bajas de las que se establecen en el artículo 22 de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía y que van desde los 30.000 a los 601.000 euros.
Facua Córdoba considera inaceptable este hecho, teniendo en cuenta además que los responsables de Eventos Color Sur SL están siendo investigados por este suceso en el marco del procedimiento judicial que está instruyendo el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción de Montilla, al haber detectado "indicios relevantes de criminalidad", y en el que está personada la asociación como acusación popular.
Por último, Facua Córdoba insta a la Junta de Andalucía a que se decida de una vez a imponer sanciones contundentes, que disuadan a los organizadores de fiestas y eventos de vulnerar los derechos de los asistentes y poner en riesgo su integridad física sólo por conseguir un mayor beneficio económico.
