La Diputación ha dado el visto bueno a la llamada Oficina de Intermediación Hipotecaria, destinada a ayudar a las familias que tienen graves dificultades para pagar sus viviendas y corren el riesgo de ser desahuciados. Esta oficina ofrecerá asesoramiento gracias a un convenio con el Colegio de Abogados en un principio. La institución provincial pretende ampliarlo a la Agencia de la Vivienda de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, con el fin de que esa función de asesoramiento y mediación esté además sustentada en la existencia de alojamientos si fuesen necesarios.
La oficina prestará servicios cuando se den las siguientes circunstancias: cuando se trate de personas empadronadas en los municipios de la provincia, cuando las viviendas estén ubicadas en la provincia, cuando se trate de la única vivienda de que disponga la familia afectada y cuando haya dificultades para el pago de la cuota de préstamo o alquiler o estén en situación de ejecución de hipoteca, ya sea en fase de demanda, subasta o lanzamiento y siempre que sean deudores de buena fe –que exista coherencia entre sus actos patrimoniales y sus rentas-.
Mientras Psoe, IU y Ganemos han celebrado la medida, el PP, a través de su portavoz, Andrés Lorite, ha manifestado que pese a su voto a favor ante esta «declaración de intenciones», la falta de dotación presupuestaria la convierte más «en un gesto que en gestión» y en una cuestión «meramente cosmética». Por parte del equipo de Gobierno, el diputado provincial de IU, Francisco Ángel Sánchez, ha criticado que el anterior equipo del PP terminase con la empresa pública de viviendas Provicosa, y ha recordado que son las políticas nacionales del PP las que están contribuyendo a que medidas como la oficina puesta en marcha sean necesarias.
