En Trassierra tienen un auténtico problema, cuya solución no es precisamente sencilla. Por un lado, “sólo el 20 por ciento del núcleo urbano histórico es legal”, según afirmó el presidente del Consejo de Distrito, Jerónimo Salazar. Por otro, los habitantes de esa barriada periférica viven una “auténtica crisis de identidad”, ya que ni tienen claro la población real que posee la zona ni tampoco hasta dónde abarca su extensión, y eso conlleva una perniciosa ausencia de servicios municipales desde hace años.
La paradoja de esta barriada, considerada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como terreno urbano consolidado, es que está urbanizada, es decir, hay luz y agua, “pero se encuentra sujeta a una figura urbanística que obliga a los propietarios a ser ellos quienes urbanicen, y como se trata de una situación del todo absurda, lo que debería hacer el Ayuntamiento es “suprimir esa figura, ordenar por completo la zona y delimitarla”.
Entre tanto, se dan situaciones del todo incomprensibles, como es el caso de El Salao, un espacio con 300 chalés construidos en terreno protegido y por tanto no susceptible de ser legalizado, mientras que justo al lado, en un espacio con la misma calificación, está Campo Alegre, más popularmente conocido como “La Urba”, y que “es legal de pleno derecho”, afirmó Salazar.
Estas incongruencias llevan a que en el 80 por ciento del espacio urbano de Trassierra “no se puedan conceder licencias ni de obras ni tampoco de inicio de actividades y eso resta vida a esta zona”.
Un espacio que, por cierto, no tienen claro la población que lo ocupa. “Según le convenga al Ayuntamiento, lo dejan en los 800 habitantes censados en el núcleo consolidado, o bien lo extienden hasta Las Jaras, con una población de 3.000 personas”, repartidas en 26 asociaciones, en una amplia extensión de unos 20 kilómetros cuadrados que limita con Villaviciosa al norte y que al sur tienen como frontera Las Ermitas, añadió el presidente del Consejo de Distrito. Y en época veraniega Trassierra puede llegar a albergar unas 12.000 almas.
Precisamente, esa indefinición impide a estos cordobeses contar con servicios de importancia, tales como un centro de salud o un médico, “porque dicen que no es necesario para 800 personas que somos”, incidió Salazar. Tampoco tienen colegio ni servicio de autobús urbano que ligue a estos vecinos entre sí y con el resto de la capital cordobesa.
Todo esto ha obligado al Consejo de Distrito a reivindicar al Ayuntamiento de Córdoba la completa ordenación de esa zona y su regularización completa dentro del PGOU. “Eso nos permitiría acceder a los servicios municipales que ya disfrutan en el resto de la capital”, abundó el representante vecinal.
