El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado por Córdoba en el Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha adelantado este viernes que "vamos a presentar una iniciativa de inmediato para que a los ganaderos de la provincia de Córdoba y a los de toda Andalucía se les compensen desde el Ministerio de Agricultura las pérdidas que son consecuencia de los cambios en la Política Agraria Común (PAC)".
En declaraciones a los periodistas antes de intervenir en el XVII Congreso de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y después de mantener una reunión, que la calificado de "muy provechosa", con representantes de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Santiago ha explicado que habían abordado con la COAG "dos problemas que nos preocupan mucho".
El primero de ellos, según ha detallado, es "la eliminación de los derechos especiales de la Política Agraria Común", porque "desde hace ya dos años muchos productores, sobre todo ganaderos, están teniendo un daño muy importante".
Desmentido sobre los ingresos
El dirigente federal de IU ha rechazado que a estos productores "se les haya retirado entre el 60 y el 70 por ciento de los ingresos que recibían en función de las explotaciones de la cabaña ganadera porque la PAC ha decidido primar la extensión del terreno y no tanto la producción, ya sea agrícola o ganadera".
El otro tema tratado con los interlocutores de COAG ha sido "la gran afectación que vemos que tiene para todas las explotaciones agrarias la falta de desarrollo reglamentario de la Ley de la Cadena Alimentaria", ha puesto de manifiesto Santiago.
En este contexto, ha señalado que esta norma "fue una iniciativa que sacamos adelante a pesar de la oposición de la derecha de este país, pero también con muchas reticencias por parte del PSOE en la anterior legislatura".
"Se necesitan desarrollos reglamentarios para que la ley llegue hasta donde debe", ha valorado, ya que IU coincide con el criterio de los productores sobre que "falta la actualización de los precios de referencia de los productos y esto es una obligación que tiene que acometer el Ministerio de Agricultura en breve, no puede demorar más".
Entre las medidas concretas y fundamentales a poner en marcha está "la aprobación de un registro electrónico de contratos para que se verifique que efectivamente no se está vendiendo a pérdidas". A esto Enrique Santiago le ha sumado la "actualización e implementación de las sanciones para los casos en que se compre obligando a vender a pérdidas a los productores, especialmente desde las grandes empresas de la cadena alimentaria".
"El compromiso de Sumar y de Izquierda Unida es impulsar inmediatamente estas medidas para contribuir a solucionar esta problemática del sector agropecuario, empezando por la provincia de Córdoba", a la que representa en el Congreso.
Productos de terceros países
Por otra parte, a preguntas sobre los problemas y la condiciones en la entran a España productos provenientes de otros países, ha señalado que "nuestra posición es que hay que ser mucho más estrictos en la regulación de los productos que llegan de fuera, que están haciendo una competencia desleal a nuestros productores".
Así, se ha mostrado partidario de "restringir al máximo" los tratados de libre comercio y que a los productos agroalimentarios que se importen "se les exija, al menos, lo mismo que se exige a la producción que se realiza en nuestro país en cuanto a fitosanitarios o a condiciones de trabajo, para garantizar así la salud de los consumidores, pero también la de los trabajadores y las trabajadoras del campo, los productores agropecuarios".
Para concluir, Enrique Santiago ha apostado también por la "simplificación de las ayudas" provenientes de la PAC, porque "no puede haber un mar de burocracia que, al final, hunde a cualquier productor que tenga una mediana o una pequeña explotación agraria en un mar burocrático que hace imposible acceder a esas ayudas".
