El CSIF ha acusado, a través de un comunicado público, a la Junta de Andalucía de querer suplantar tareas del personal laboral de los centros de participación activa de mayores (CPA) valiéndose de personas usuarias de los mismos, que actuarían gratuita y voluntariamente.
En Córdoba se contabilizan un total de 27 instalaciones que prestan este servicio, seis en la capital y el resto en los municipios de Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río, Baena, Cabra, Cañete de las Torres, Carcabuey, Castro del Río, Espejo, Fernán Núñez, Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, Lucena, Luque, Montilla, Montoro, Palma del Río, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil y Villanueva de Córdoba.
El sindicato ha registrado ante la Dirección General de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad no Deseada un escrito de alegaciones en la que expresa su rechazo absoluto a estos planteamientos y pide la retirada del proyecto de Orden por la que se fomenta la participación de las personas socias de los CPA en la gestión de los distintos espacios del centro y de los servicios que se presten en los mismos.
El responsable del Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF Córdoba, Miguel Ángel Limonchi, lamenta que no haya existido una consulta y diálogo previos a la exposición pública –proceso en el que ahora se encuentra este proyecto normativo– con las partes afectadas, al tiempo que expresa su negativa respecto a la creación de la figura denominada Agente de la Administración Titular, "que para CSIF no tiene soporte legal alguno y merma, de hecho, las posibilidades de empleo de personas que aspiran a ocupar un puesto de trabajo en la Administración".
Bajo el paraguas de esta figura, "las personas mayores harían un trabajo voluntario y no remunerado, asumiendo unas responsabilidades y potestades que sólo pueden corresponder al personal público", según argumenta el representante sindical, quien insiste en que "la Junta disfraza de participación lo que realmente es un intento de externalización y privatización de estos servicios".
En esta línea, CSIF defiende que lo que debería hacer la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad es revisar, actualizar y cubrir las relaciones de puestos de trabajo de los CPA para dar respuesta a las necesidades que tienen estos centros y la ciudadanía a la que atienden, como por ejemplo, la ampliación del horario por las tardes y los fines de semana.
CSIF denuncia de forma reiterada que las RPT de estos centros "son mínimas", cuando muchos de ellos atienden a un volumen importante de personas.
La central sindical considera este proyecto de orden "una enorme falta de respeto por parte de la Junta hacia los trabajadores y trabajadoras de los CPA, ya que pone en entredicho su implicación, capacidad y profesionalidad", al tiempo que reclama que sea la Administración "la que proporcione los recursos humanos necesarios para dar respuesta a las necesidades que tienen los CPA, con proporcionalidad, legalidad y responsabilidad, y no haciendo recaer la carga y la responsabilidad en los propios socios a través de la invención de nuevas figuras".
