El comité de empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de la capital cordobesa, en el que UGT ostenta la mayoría absoluta, se ha concentrado este viernes ante las puertas del Ayuntamiento de la ciudad para expresar su "repulsa ante la agresión sufrida con arma blanca por un compañero, el pasado domingo, tras prestar servicio a un usuario y ser atacado por el hijo de éste".
Según ha informado el sindicato en una nota, en la concentración han participado unas 50 personas, en su mayoría mujeres ya que, según han señalado desde UGT, "esta profesión es de las que se encuentran especialmente feminizadas, y la gran mayoría de las personas que se dedican a ello son mujeres".
La presidenta del comité de empresa, Ángeles Domínguez, ha explicado que "en este trabajo nos encontramos expuestas a agresiones, tanto físicas, como verbales, como de acoso sexual, y entendemos que es la Junta de Andalucía la que elabora este servicio y determina qué usuarios se pueden beneficiar de estos servicios y, del mismo modo que cualquier otro trabajo tiene un protocolo para prevenir cualquier tipo de riesgo, y por eso exigimos un protocolo previo y que se nos valore qué riesgos podemos asumir en ese domicilio".
Domínguez ha indicado que "este tipo de agresiones se producen de forma continuada, aunque no con la gravedad de la que le ocurrió al trabajador el pasado domingo", y ha señalado que, habitualmente, "a no ser que el trabajador denuncie los hechos, estos no tienen ningún tipo de consecuencias".
A este respecto, la presidenta del comité de empresa especificado que, en el caso de la agresión con arma blanca, "tanto la empresa, como el Ayuntamiento actuaron correctamente, siguiendo el protocolo ante agresiones", pero ha lamentado que, "en estos casos, si el trabajador denuncia habrá consecuencias, pero si no lo hace no, algo que no ocurre en cualquier otro tipo de trabajo, por lo que, ni hay repercusión, ni se le suspende al usuario el servicio, que sigue como si nada hubiese pasado".
Domínguez ha señalado que esto es debido a que "la Ley está cada vez más anticuada y no se puede consentir que ningún trabajador sufra en su trabajo ningún tipo de agresión, ni verbal, ni física", y ha insistido en la necesidad de prevenir este tipo de situaciones, que "la mayoría de las veces se producen por parte de familiares, más que por los propios usuarios".
Por su parte, la presidenta el comité de Seguridad y Salud, Chelo García, ha lamentado "la agresión sufrida ayer por otra compañera, en este caso por una interna del domicilio en el que prestaba servicio, propinándole golpes y arañazos y afectándola psicológicamente, uno más de los que pasan habitualmente, y no podemos ir con miedo a trabajar, sintiéndonos acorraladas e indefensas".
García ha subrayado que sería necesario que los usuarios, antes de acceder al servicio, "fuesen informados de que deben respetar a la persona que va a ir a trabajar a su domicilio, del mismo modo que la persona trabajadora va a tratarles con el máximo respeto, ya que vamos a cuidarles y no por ello deben tratarnos con autoridad".
