La consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha destacado este jueves el apoyo del Gobierno regional a la Diputación de Córdoba en base al convenio para mejorar la seguridad hídrica de la zona norte de la provincia mediante el cual la Junta asume una inversión de unos 15 millones de euros para garantizar el derecho a agua potable y de calidad a los 80.000 vecinos de las comarcas de Los Pedroches y Valle del Guadiato.
En una intervención en el Parlamento andaluz, al ser preguntada por el parlamentario de Vox por Córdoba, Alejandro Hernández, sobre el agua potable en dicha zona, la consejera ha explicado que "en 2009 se dejaron las tuberías de la obra encima de los campos sin conectar", si bien ha resaltado que "se ha vuelto a licitar esa obra para que en el futuro haya una conexión de La Colada a Sierra Boyera".
Además, Crespo ha subrayado que en estos momentos "fundamentalmente" desde la Junta se apoya a la Diputación para mejorar la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera, "para que produzca después de tener dos hectómetros adicionales", algo que "se estudia en el comité de expertos", de cara a "revertir la situación", ha aseverado.
En este sentido, la consejera ha apuntado que "la obra ya se ha iniciado por parte de la Diputación", después de la firma en diciembre del convenio con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, todo ello tras "la política anterior" con "la irresponsabilidad en la obra".
Igualmente, ha comentado que la Consejería de Salud "le dijo claramente" a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) "que no hiciera la obra de emergencia de La Colada-Sierra Boyera", sino que "hiciera la obra de Puente Nuevo de emergencia, porque el agua no era apta en La Colada para el baño y pronto no sería apta para el consumo", si bien "no hicieron caso y no quisieron reconocer su error", ha advertido.
Al respecto, Crespo ha indicado que "en el Plan de Gestión de Riesgo por Sequía en la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), con el anterior gobierno de la Diputación, del PSOE, le reivindican al Gobierno de España la obra de Puente Nuevo claramente", de manera que ha cuestionado que "ahora gobierna arriba el PSOE con Sánchez y ya no se lo piden".
Ante ello, ha defendido que "hace falta ahí un triángulo claro", en relación a La Colada-Sierra Boyera-Puente Nuevo, de forma que "estamos haciendo La Colada-Sierra Boyera", al tiempo que se apoya a la Diputación "para la mejora rápida, para lo que pasa ahora, que es la calidad". Por tanto, "si llueve un poco y esta obra funciona, resolveremos momentáneamente la situación", ha afirmado.
No obstante, la titular de Agua del Gobierno regional ha remarcado que "hay que hacer Puente Nuevo, porque ese triángulo permite que vaya todo bien para el futuro", a la vez que ha pedido "no dejar que le echen la culpa a los ganaderos, que es lo que están diciendo, que la culpa de todo la tienen los ganaderos".
VOX PIDE "NO ENGAÑAR MÁS" A LOS VECINOS
Mientras, el parlamentario de Vox ha exigido al gobierno del PP que "no engañe más" a los vecinos de Los Pedroches y Alto Guadiato y diga "si va a restaurar el suministro" tras diez meses sin agua potable en estas dos extensas comarcas del norte de la provincia cordobesa.
Así, Hernández ha afeado a la Junta que "no es tiempo de anuncios, de vamos a empezar las obras, de vamos a licitar", puesto que "va a pasar más de un año con los grifos de las gentes de Los Pedroches y del Alto Guadiato por los que sale agua sucia, con la que no pueden bañar a sus hijos". Una situación que, según ha enfatizado, "no es de recibo en un país moderno y en una región como Andalucía".
El parlamentario andaluz ha lamentado que en estas dos comarcas llevan diez meses viviendo "escenas de otro tiempo y de otro mundo, con camiones cisterna en los que la gente llena sus bidones de agua", en lo que considera "un cuadro propio de un país tercermundista o de un Estado fallido".
Según ha asegurado Hernández, "la culpa de haber llegado a esta situación no sólo es la sequía, sino también de Gobierno central, Junta y Diputación, que han estado echándose mutuamente los trastos a la cabeza en una dinámica de acusaciones y lavado de manos".
"La gente a estas alturas no les importa de quién es la culpa, ni en qué porcentaje se reparte, lo único que quieren es que se les diga la verdad y que no se les engañe más", ha sentenciado Hernández.
COLEGIOS DEL NORTE
Posteriormente y en la misma sesión, la parlamentaria del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio ha preguntado a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, por qué se envió "sin previo aviso a la Inspección Educativa" a 13 centros del Norte de Córdoba, después de que alumnos de 1º y 2º de ESO, "en cumplimiento de los criterios de evaluación del alumnado", expresarán en forma de vídeo y como "carta a los Reyes Magos" el "deseo" de tener "agua potable en los grifos de sus casas", opinando Ambrosio que esa acción de la Junta "suena a persecución y a censura de todo aquello que molesta" a Juanma Moreno, "igual que han hecho con los carnavales de Cádiz".
Ante ello, Patricia del Pozo, tras afirmar que los socialistas han "perdido definitivamente la cabeza", ya que se trata de "menores" que han aparecido "en redes sociales", ha aclarado que "en la actuación de la Inspección solo se han abordado aspectos formales, y en ningún momento se ha tratado el contenido del vídeo", en cuyos créditos, según ha precisado, "aparecía la relación de centros participantes, y aparecen menores de edad que pueden ser claramente identificados, y la Delegación Territorial de Córdoba tuvo conocimiento una vez publicado en las redes sociales".
"Por tanto --ha proseguido-- y dada la difusión de imágenes de menores en redes sociales, los inspectores tienen que intervenir, y fueron a recabar información, a asesorar sobre el ejercicio de los derechos y deberes de la comunidad educativa, especialmente de los menores".
Ello, según ha señalado Patricia del Pozo, es clave, porque, además, "se debe contar con el consentimiento" de los padres o tutores legales de los menores para difundir imágenes de los mismos y, según ha subrayado, "aquí hay una madre de uno de los colegios a la que no se pidió consentimiento para los vídeos de los menores". Por tanto, según ha concluido, "la Inspección Educativa ha actuado como tenía que actuar, protegiendo a los menores y asesorando a los centros educativos".
