La parlamentaria andaluza de IU por Córdoba Elena Cortés ha presentado hoy las enmiendas que su grupo presenta al Proyecto de Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía para 2016.
IU plantea un incremento de 120 millones de euros en el capítulo de ingresos procedentes de la no reducción de ingresos vía IRPF. “No estamos de acuerdo que PSOE y Ciudadanos hayan pactado disminuir en 120 millones de euros los ingresos de Andalucía cuando tenemos a un 51% de menores en riesgo de pobreza y tenemos un nivel de desempleo en Córdoba y en la comunidad autónoma insoportable”, dijo Cortés.
Las enmiendas de IU tienen como objetivo “aumentar los programas municipales, para combatir la realidad de los menores en exclusión social, para aumentar la dependencia, para el ingreso mínimo de solidaridad o la ejecución de los convenios de ascensores en comunidades de vecinos”.
Así, el Grupo de IU plantea enmiendas por 80 millones de euros en el ámbito sanitario para la mejora de infraestructuras y equipamientos de hospitales y centros de salud y nuevas infraestructuras de Centros Hospitalarios de Alta Resolución, así como para el cumplimiento del acuerdo con la Atención Temprana entre otras cuestiones.
En el ámbito educativo, solicitan 132,5 millones, lo que supone un incremento del 10% para funcionamiento de centros públicos que la coalición pretende detraer de los conciertos educativos privados.
Asimismo, plantean 387,2 millones en transferencias para los ayuntamientos para el desarrollo de planes de empleo o el aumento de la financiación local no condicionada (Patrica), entre otras cuestiones.
Junto a lo anterior, Cortés explicó que también se piden 14 millones de euros para el Plan Andaluz de la Bicicleta y tres más para la puesta en marcha del Banco Público de Tierras.
Por último, la parlamentaria andaluza reclama que se introduzcan en la Ley de Presupuestos las recomendaciones de la Cámara de Cuentas en cuanto a la obligación de informar en el Parlamento de los gastos comprometidos por colaboración público-privada, la reordenación de los fondos carentes de personalidad jurídica a través de la Banca Pública de Andalucía, la obligación de informar y aprobar por el Parlamento de posible no disponibilidad de crédito y la eliminación de la excepcionalidad que permite a directivos de empresas públicas cobrar más que la presidenta de la Junta.
