El Grupo Municipal Socialista (GMS) ha solicitado por escrito al delegado de Contratación, Jesús Manuel Coca López (PP), que se les pase copia de los distintos expedientes de contratación sobre adquisición de mascarillas y demás material sanitario que se llevaron a cabo por el Ayuntamiento de Córdoba durante la pandemia de la Covid-19.
Se trata de una solicitud de acuerdo con el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local que viene complementado por los artículos 14, 15 y 16 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y con lo que regula sobre el derecho de la información de los concejales la sección 4 del Capítulo II del Título I del Reglamento Orgánico General del Ayuntamiento de Córdoba, concretamente desde el artículo 17 al 22.
Según ha explicado el propio portavoz socialista, Antonio Hurtado, a través de sus redes sociales, los contratos del caso Koldo García sobre la trama de comisiones y adjudicaciones públicas para adquirir mascarillas en lo peor de la pandemia también están fiscalizados por el Tribunal de Cuentas sin salvedades. El TC sólo fiscaliza las responsabilidades contables, no otro tipo de infracciones, irregularidades o delitos, y "es lo que pretendemos valorar en el Ayuntamiento de Córdoba, al igual que se va a hacer en el Congreso de los Diputados".
Hurtado alude a Koldo García, uno de los cerebros de la trama y consejero de Puertos del Estado y de Renfe con José Luis Ábalos (PSOE) como ministro de Transportes.
En esas administraciones, tal y como señala el periódico Público, se cerraron contratos de emergencia para la adquisición de mascarillas en la pandemia con la trama investigada; también en los gobiernos balear y canario y en el Ministerio del Interior.
En total, fueron más de 54 millones de euros de dinero público que dejó a la trama unas ganancias casi 17 millones de euros, según la investigación preliminar realizada por Anticorrupción. El juez Ismael Moreno investiga delitos de organización criminal, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias.
