El sindicato CTA, mayoritario en el Ayuntamiento de Córdoba, ha denunciado esta mañana, a través de un comunicado, la intención de "privatizar el servicio que prestan los ordenanzas en los centros cívicos", ya que "serían sustituidos por personal con discapacidad", según pudieron sacar en claro durante la reunión mantenida el pasado 31 de julio entre representantes sindicales, el alcalde, José María Bellido (PP), y la delegada de Recursos Humanos, Cintia Bustos (PP).
Ante esto, el comunicado e la CTA señala que en el día a día y por el volumen de personas que se acercan a los centros cívicos, los ordenanzas que están allí manejan "muchos datos personales sobre la ciudadanía", como puede ser dar citas previas para el acceso al registro de entrada de documentos, teniendo que disponer de los datos del DNI, teléfono o correo electrónico para poder hacerlo.
Igualmente, facilitan información sobre la documentación requerida para los traslados de domicilio y, a veces, ayudan a rellenarla, además de informar sobre exenciones y bonificaciones fiscales, así como datos sobre como identificar al conductor sobre multas y sanciones.
En ocasiones, llegan a descifrar cartas para explicarlas al ciudadano por la cantidad de tecnicismos a que se enfrentan y que no consiguen entender, y éstas también contemplan datos personales. Aparte de eso, siempre según las mismas fuentes, informan sobre domiciliaciones bancarias y planes tributarios personalizados, y, finalmente, aportan información sobre cómo gestionar la Ley de Dependencia para personas mayores, entre otras muchas cuestiones.
Frente a eso, y teniendo en cuenta los datos que se barajan en todos estos trámites que son de carácter privado, las personas que vayan a sustituir a los ordenadas "no podrán manejar datos personales según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sobre Protección de Datos, por no ser funcionarios públicos", advierte la CTA.
De igual modo, el sindicato ha querido reivindicar el derecho de los ordenanzas de centros cívicos a seguir en sus correspondientes puestos, y que se articulen los mecanismos necesarios para poder contratar trabajadores, tales como llamar de las listas de aprobados para cubrirlo con personal interino para sustituciones o convocar plazas para personal interino como se ha hecho en la Oficina de Atención Ciudadana para informadores gestores; en la Oficina de Atención tributaria para informadores tributarios; en el Zoológico de Córdoba, más recientemente, o para TAG en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU).
En cuanto a la idea de darle cabida a una empresa privada para personas con discapacidad, "entendemos que debe de realizarse por un procedimiento de licitación pública", con respecto a la legalidad vigente, y según establece la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, "y no por decisiones personales y arbitrarias por parte de miembros de la Corporación municipal, como ya se intentó en el año 2022 con el servicio de porterías de colegios".
Desde el sindicato CTA, por tanto, "reivindicamos nuestra posición de seguir prestando un buen servicio público de calidad por personal funcionario de carrera cualificado y seguir contratando a personal funcionario interino para la cobertura de plazas de urgente necesidad".
