El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha solicitado, a través de un comunicado público, al gobierno local de Córdoba la retirada de la subida presentada sobre tasas y precios de la empresa municipal de Saneamientos (Sadeco) entre el 20 y el 35 por ciento, "por suponer un coste que no pueden asumir las familias y la sociedad cordobesa".
Según ha expuesto la entidad en una nota, se trata de "una subida que no ha contado con ningún proceso de participación ni de consenso, tal y como se debe hacer según el reglamento de Participación Ciudadana", a lo que ha agregado que "esta subida se sumaría a otras muchas que sufren los cordobeses y que hacen muy duro llegar a fin de mes".
El CMC es "conocedor de los mayores costes que supone para la empresa las nuevas normativas medioambientales y el proceso de mejora de la limpieza urbana", pero entiende que "el coste no puede repercutirse directamente sobre las tasas y precios públicos de forma generalizada y desmesurada", de modo que "el coste deberá contar con fondos no finalistas municipales, ayudas públicas y una repercusión en las tasas y precios que pueda repartirse al menos durante cuatro años", han mantenido.
En su opinión, "la situación de la empresa debería ser sometida a un plan de viabilidad que justificara subidas que siempre debieran estar, como máximo, en el entorno de la inflación media del año, y ser graduales y de carácter progresivo".
La propuesta ha sido presentada "sin ningún tipo de negociación ni comunicación previa y amparada solamente en la mayoría con la que cuenta el gobierno municipal", han señalado, para remarcar que el Consejo del Movimiento Ciudadano ha solicitado "año tras año que todo tipo de tasas, precio o impuesto pase por los informes y consideración del Consejo Social y del CMC".
Así, han solicitado la retirada de esta subida y que "se someta a un debate con el resto de grupos políticos y con los agentes ciudadanos y sociales en busca de un acuerdo que suponga unas tasas y precios asumibles por la ciudadanía, con progresividad creciente y que a su vez permita la estabilidad de la empresa y la mejora de los servicios que presta", a lo que han añadido que "los esfuerzos que hace la empresa por mejorar y extender sus servicios no pueden quedar tapados por esta decisión económica no consensuada".
