El Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y de Interpretación de Lengua de Signos (ILSE) ha secundado mayoritariamente la jornada de huelga convocada por CCOO para denunciar su situación de precariedad y exigir el cumplimiento del convenio colectivo. “A pesar de los servicios mínimos abusivos que ha impuesto la Consejería de Desarrollo Educativo y FP –del 80%-, la huelga ha tenido un seguimiento muy importante, rondando el 75% de las PTIS e ILSE que han podido ejercer su derecho a huelga”, señala el secretario General del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Francisco Cobos quien indica que en Córdoba hay actualmente unos 20 ILSE y 310 PTIS.
Cobos, que recordó que este personal presta una atención directa en las aulas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, explicó que la convocatoria de huelga es “para pedirle a la Junta que vigile a esas empresas que están llegando al sector y que no están cumpliendo con los pliegos de condiciones del servicio”. En este sentido, Cobos recalcó que “los pliegos de condiciones están para velar por ellos, no basta con sacarlos, y exijimos a las empresas que los cumplan, tanto en las condiciones de trabajo como en los salarios”.
“Queremos que la Junta se siente con CCOO, que es mayoritario en este sector socio-educativo, para modificar los pliegos de condiciones y garantizar que se cumpla el convenio en lo que respecta al abono de las vacaciones y festivos, atrasos, antigüedad, contratos inferiores a lo exigido en la licitación o el abono del salario en tiempo y forma, entre otras cuestiones”, concretó.
El responsable sindical puso algunos ejemplos que dan muestra de la extrema precariedad que soporta este personal: “Van al médico y se tienen que buscar ellas mismas la persona sustituta y no cobran el día. Tenemos casos en que la empresa ha tratado de no pagar al ILSE porque el alumno ha faltado a clase o que lo ha despedido si el alumno ha decaído del ciclo”, relató.
Por su parte, Diego Rodríguez, de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, recordó que “Andalucía es la única comunidad autónoma que tiene privatizado este servicio de atención socio-educativa” y el problema es que las empresas, y en especial OsVentos, que es la mayoritaria en Andalucía, no cumplen el convenio. Por ello, CCOO exige la creación de plazas de empleo público y que en esa convocatoria se tenga especial atención al mantenimiento de las trabajadoras y trabajdores quie ya prestan este servicio.
En cuanto a la modificación de los pliegos de licitación, Rodríguez indicó que “hemos tenido varias reuniones con la Consejería pero las propuestas no terminan de concretarse”. En cualquier caso, CCOO pretende que a través de los pliegos de licitación establezcan las pautas para que las empresas dejen de incumplir el convenio colectivo. Además, recuerda que los pliegos incumplen la Ley de Contratación porque establecen un precio/hora de 22 euros cuando la ley establece que si el gasto de personal externalizado es más del 80% se tienen que aplicar las tablas salariales del convenio de aplicación, que sería el caso. Junto a esto, CCOO ha planteado que en el caso de subrogación, la empresa adjudicataria tiene que asumir los posibles impagos del adjudicatario anterior, como avala la jurisprudencia, y la inclusión de la cláusula de la Directiva Europea 2014/24 que establece que si no se cumple el convenio colectivo se resuelve el contrato.
Por otra parte, y en referencia a los servicios mínimos, Rodríguez apuntó que “ya fueron anulados para estos mismos colectivos por el TSJA el pasado septiembre tras la denuncia presentada por CCOO y vuelven a dictaminar similares servicios pero, esta vez, enmascarados con un lenguaje confuso para intentar saltarse la sentencia del TSJA. Ante esta nueva vulneración de los derechos de las personas trabajadoras desde CCOO ya hemos iniciado los trámites judiciales para su denuncia”.
