Dato positivo: Cada vez son más las mujeres que se atreven a denunciar y visibilizar su situación de víctima de la violencia machista en la provincia de Córdoba. El negativo, es que prácticamente hay que multiplicar por tres las cifras oficiales, ya que tal y como ha señalado esta mañana la subdelegada del Gobierno, Rafi Valenzuela (PSOE), acompañada de la jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer de la Subdelegación, Teresa Varón, ya que éstas corresponden a los datos del sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), que "calculamos son el 25% del total que puede haber".
Pues bien, a 30 de septiembre en la provincia hay activados (con denuncia) 1.654 casos (de los que 24 son de menores de 18 años). De igual modo, desde que se inició este programa en 2007 han dejado de estar activos 9.840 casos (20 menores), es decir que esas mujeres "han dejado de ser víctimas o están fuera de peligro", en palabras de Valenzuela. Lo que implica que el acumulado de casos llega a día de hoy a 11.494, para un total de 10.229 víctimas (45 menores).
Esos 1.654 casos suponen el 2,2% del total nacional y el 8,2% del andaluz.
En teoría, eso supone una cuarta parte de la realidad que hay en la provincia con esta lacra y que podría implicar a unas 5.000 mujeres, en mayor o menor grado, ya que cada vez son mayores los parámetros que entran en juego, según ha expuesto, por su parte, Varón.
Según los datos acumulados por la Subdelegación, desde el 1 de enero de 2003 al 30 de septiembre de 2022 en la provincia de Córdoba se han producido 23 muertes por violencia machista (el 2% de las muertes del país y el 9,7% de las registradas en Andalucía), la última de ellas correspondiente a Florina, de 25 años, asesinada el pasado 22 de mayo en Montemayor. Rafi Valenzuela ha recordado al respecto que no denunció nunca su caso y, por tanto, no estaba en el sistema VioGén, y su nombre formará parte del árbol de la memoria (un olivo que muestra los nombres de las fallecidas) de la Subdelegación.
De esa veintena de años, los peores fueron 2019, con cuatro asesinadas, y 2004, con otras cuatro.
De igual modo, entre el 1 de enero de 2013 y 30 de septiembre de 2022 se acumulan en Córdoba cinco menores huérfanos por violencia de género (tres en 2019 y dos este mismo año). Al menos, en Córdoba no se ha registrado ningún menor víctima de violencia machista que haya fallecido, aunque en Andalucía se contabilizan ocho desde 2013.
Otro dato es el número de llamadas pertinentes atendidas en el 016 entre septiembre 2021 y septiembre 2022 y la variación porcentual. En Córdoba fueron 69 frente a 68 del año anterior, lo que supone un incremento del 1,47%. Tan importante es la cifra como quién realiza la llamada. En su mayoría son las propias víctimas (38 en 2022, rente a 47 de 2021; un -19,15% en comparación), mientras que familiares y allegados lo hicieron en 27 ocasiones frente a las 16 de 2021, es decir un incremento 68,75% más que el año anterior, lo que implica una mayor implicación de la familia y las amistades cercanas en esta lacra.
En cuanto al Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género (Atenpro), los datos indica que en Córdoba hay 266 usuarias activas a 30 de septiembre, mientras que en el mismo mes de 2021 eran 264, con un incremento del 0,76%. En septiembre pasado hubo 11 altas (12 en 2021) y 16 bajas (siete el año pasado).
Igualmente, hay cifras del sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento, con números sobre Dispositivos instalados, desinstalados y activos en septiembre de este año: 134 activos en la provincia (con ocho instalaciones y tres desinstalaciones), es decir el 4,5% del total nacional y el 11, 9 % del andaluz. En el mismo mes de 2021 eran 100 activos, lo que supone una subida del 34%.
La semana pasada el secretario de Estado de Justicia, Tonxu Rodríguez, anunció la mejora de estos dispositivos de implantación en Córdoba de "un proyecto pionero" en toda España con dispositivos telemáticos con conexión 4G.
La responsable de la Unidad de Violencia contra la Mujer ha detallado, además, que existen varios grados en los casos activos según el nivel de riesgo. Así, en Córdoba son 17 casos con nivel alto (una menor de 18 años), 282 con nivel medio (tres menores), 746 con nivel bajo (12 menores) y 609 en un nivel no apreciado (ocho menores). No hay ningún caso en riesgo extremo (sólo hay tres en toda la comunidad andaluza).
Varón ha hecho hincapié en los casos activos con menores en situación de vulnerabilidad o en situación de riesgo y de especial relevancia por niveles de riesgo. En Córdoba de los 1.654 casos activos, hay 904 con menores a cargo de la víctima. De ellos, 230 son en situación de vulnerabilidad (cuatro en riesgo alto, 43 en medio, 95 en bajo y 88 en un nivel no apreciado); 25 en situación de riesgo (todos ellos en riesgo medio), y 232 de especial relevancia (de los que 13 son de riesgo alto y el resto de riesgo medio).
De igual modo los casos activos de especial relevancia entre el 13 de marzo de 2019 y el 30 de septiembre pasado, ascienden a 651 en la provincia de Córdoba, con 98 en riesgo extremo, 395 en riesgo alto y 158 en riesgo medio.
Otros datos de la provincia son 22.530 las denuncias realizadas por violencia machista entre 2009 y 2022, de las que 1.352 correspondieron al periodo de enero a junio de este año; 5.999 órdenes de protección (208 de este año, de las 165 han sido adoptadas y 43 denegadas); hay en la provincia 1.045 mujeres con protección policial (el 2,4% de los casos nacionales y el 9% de los andaluces); hay 169 internos que cumplen condena en centros penitenciarios por delitos de violencia machista (el 2,5% nacional y el 9,4% andaluz); hay también 216 contratos bonificados a mujeres víctimas de violencia entre 2003 y septiembre de 2022 (el 1,7% nacional y el 7,9 % andaluz).
En Córdoba hay 38 municipios, de los 77 que tiene la provincia, adscritos al Sistema Viogén, el 49,35% del total de los existentes. Además está finalizado el proceso de renovación de los Convenios VioGén firmados con anterioridad al 1 de enero de 2018 para adaptarlos a la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público.
