DURANTE UNA PELEA EN HORNACHUELOS

Un vecino de Cordoba deberá indemnizar a un guardia civil con 15.725 euros por daños

La AUGC teme que el condenado se declare insolvente para no tener que pagar nada y adelanta que reclamará esa cantidad a la Administración pública

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photo_camera Agentes de la Guardia Civil de Córdoba

Los servicios jurídicos de AUGC han asesorado y representado a un guardia civil destinado en el Puesto de Posadas, que, además, es vocal de esta asociación profesional en esa unidad, que sufrió lesiones durante una actuación, y el Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba ha condenado a un vecino de Córdoba como autor de un delito de resistencia y a indemnizar al agente lesionado con 15.725 euros.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del 19 de julio de 2014, cuando varias personas se enzarzaron en una riña multitudinaria en el recinto ferial de Hornachuelos durante las fiestas patronales, por lo que tuvieron que intervenir tres agentes de Guardia Civil y seis de la Policía Local. Y cuando uno de los guardias civiles interceptó al individuo que pretendía agredir a un tercero con un vaso de cristal, cayeron al suelo y el agente sufrió graves lesiones en la rodilla derecha, por las que tuvo que ser hospitalizado e intervenido, tardando 228 días en curar y quedándole secuelas.

Por todo ello, la magistrada juez ha establecido en su sentencia que ese individuo deberá indemnizar al agente lesionado en la cantidad de 14.925 euros por las lesiones sufridas y con 800 euros más por las secuelas.

En otras provincias

La AUGC considera adecuada la indemnización fijada, pero lamentablemente ocurrirá como en la mayoría de estos casos, que el condenado se declarará insolvente y finalmente el agente no percibirá ni un solo euro, a pesar de los daños y secuelas causadas. Si ello ocurre, AUGC estudiará la posibilidad de reclamar el pago de dicha indemnización a la Administración pública, como ya ha ocurrido en casos similares de otras provincias.

La AUGC viene reclamando desde hace años el incremento de la insuficiente plantilla de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba, así como la dotación de los medios necesarios y el endurecimiento de las penas para este tipo de hechos.