Unidas Podemos ha valorado los Presupuestos General de Estado (PGE) para la provincia de Córdoba como "los más sociales de la historia", porque contribuyen al "blindaje de servicios públicos fundamentales como sanidad y educación", y porque "siguen la línea de proteger a la clase trabajadora de este país y fomentar el mantenimiento y la creación de empleo".
Así lo han expresado el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, y la secretaria general de Podemos en Andalucía y diputada por Córdoba en el Congreso, Martina Velarde, quienes han anunciado que "para mejorar estas cuentas hemos presentado tres enmiendas que recogen reivindicaciones históricas de nuestra provincia".
En este sentido, tanto Pérez como Velarde han destacado que "son unos presupuestos que harán que las familias de nuestra provincia no tengan que elegir si pagar la luz o llenar la nevera, que ponen a las comarcas del interior en el mapa y que, si todos cumplimos, pueden beneficiar a la provincia de Córdoba, que están pensados para una recuperación justa e inclusiva y que atienden a las principales necesidades de gran parte de la gente de nuestra provincia".
Además, han señalado que el aumento de las pensiones "permitirá mantener su poder adquisitivo a casi 173.990 pensionistas de la provincia", mientras que el aumento "histórico" de la partida de atención a la Dependencia, de más del 23%, será esencial para "aliviar las listas de espera, aumentando así la cobertura y la tutela, para los 32 mil dependientes de la provincia". Por otro lado, han destacado la subida en un 3% del Ingreso Mínimo Vital, que beneficiará a alrededor de 22.000 personas en la provincia de Córdoba.
Enmiendas
No obstante, "entendemos que podemos mejorar este presupuesto y para ello hemos presentado varias enmiendas con reivindicaciones históricas de la provincia, como el tren de Cercanías entre Palma del Río y Villa del Río, de vital importancia para el desarrollo del Valle del Guadalquivir, la mejora del firme y la eliminación de los tramos peligrosos en la N-432, una de las carreteras con mayor siniestralidad del país, o la eliminación de la partida destinada a la ampliación del almacén nuclear de El Cabril, que consideramos una amenaza para la población y para el medio ambiente y un lastre para el desarrollo de la comarca".
En esta línea, ambos dirigentes han explicado que el tren de cercanías entre Palma del Río y Villa del Río "juega un papel clave tanto para el impulso del sector turístico, como para el comercio, la agricultura y, evidentemente, a la hora de garantizar el derecho a un transporte público de los vecinos y vecinas de las poblaciones colindantes".
Además, han añadido, "son miles los desplazamientos por carretera que se podrían evitar con un buen servicio de cercanías, lo que redundaría, por un lado, en la seguridad vial y en evitar accidentes, y por otro, con las miras puestas en las exigencias y compromisos por el cambio climático, una minoración considerable de las emisiones de CO2".
Por otro lado, y en referencia a la N-432, tanto Velarde como Pérez han recordado que el riesgo de sufrir un accidente "es desproporcionado si se compara con su intensidad de circulación". El elevado número de accidentes en la N-432 (Granada-Badajoz), han afirmado, "convierte a la carretera en una de las más peligrosas de toda Andalucía y de todo el país". De hecho, únicamente la N-322, en Albacete, la supera en riesgo de accidentalidad.
Finalmente, desde Unidas Podemos han trasladado su "preocupación" ante las previsiones de ampliación del cementerio nuclear de El Cabril hasta los 21 millones en 2025. Se trata de una cuestión política de primer nivel, han apuntado, "que tiene que ser abordada con el territorio, los representantes públicos del mismo y con las plataformas cívicas".
En consecuencia, ha manifestado, "nos oponemos a la ampliación de las instalaciones por el impacto y los riesgos que este proyecto supone sobre la salud pública y el medioambiente, y pediremos eliminar la partida presupuestaria referida a los estudios sobre la ampliación, ya que sería una decisión unilateral y supondría de facto la eliminación y el incumplimiento del debate real y riguroso que corresponde al procedimiento estipulado para la aprobación del VII Plan".
