Con la aprobación de este texto legislativo, el Gobierno establece la normativa básica nacional para las ayudas al sector vitivinícola, en la que se adaptan los tipos de intervención a las exigencias medioambientales y de adaptación al cambio climático que marca la nueva PAC.
El objeto de esta intervención sectorial será atender las necesidades detectadas en el sector del vino en España, aumentar su competitividad, y adaptarlo a los nuevos objetivos de la PAC en cuanto a lucha contra el cambio climático, mejora del medio ambiente y sostenibilidad.
Los tipos de intervención elegidos por España para cumplir con los objetivos específicos para el sector del vino son: Reestructuración y reconversión de viñedos; inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícolas, así como en estructuras e instrumentos de comercialización; cosecha en verde; destilación de subproductos de la vinificación y actividades de promoción y comunicación en terceros países.
El sector del vino en España requiere impulsar su comercialización e incrementar su valor añadido, por lo que se focaliza el esfuerzo en las intervenciones de promoción en terceros países y en el apoyo a las inversiones en las infraestructuras, léase lagares y bodegas.
Además, las intervenciones de inversiones, destilación de subproductos y reestructuración y reconversión de viñedos persiguen modelos más sostenibles de producción acordes con los objetivos generales de la PAC.
La intervención sectorial prevé la posibilidad de recurrir, cuando sea preciso, a la cosecha en verde como herramienta de actuación en casos excepcionales ante posibles situaciones de desequilibrio entre la oferta y la demanda.
España responde con esta Intervención Sectorial Vitivinícola a las nuevas exigencias de la PAC, que establecen un porcentaje de gasto obligatorio para acciones medioambientales de, al menos, el 5 % de su presupuesto.
Los primeros dos años de aplicación de la ISV se harán en paralelo con las operaciones y programas que están en ejecución y que fueron aprobados en el marco del Programa Nacional de Apoyo al Sector Vitivinícola (Pasve) 2019-23 antes del 31 de diciembre de 2022 y que podrán ejecutarse y pagarse como máximo hasta el 15 octubre de 2025.
