Las diputaciones andaluzas han firmado con la Junta de Andalucía los convenios de colaboración para financiar los costes de adquisición de los materiales de los proyectos del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), una cantidad que aporta el gobierno autonómico en un 75% y las administraciones de la provincia en un 25%.
En el acto de firma, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha instado a todas las administraciones a luchar por el PFEA porque es una "herramienta fundamental para el mundo rural y los municipios de Córdoba", a la vez que ha asegurado que hay que "adaptarlo a las necesidades del siglo XXI para mejorar tanto su cuantía como su agilidad", todo ello para que siga siendo un instrumento útil para la creación de empleo con el fin de que fije la población al territorio.
Nieto han insistido en las bondades de este plan que proporciona un empleo a la población del sector agrario en los momentos en los que no hay actividad agraria.
El PFEA es un programa cofinanciado por el Gobierno central, que a través del SEPE financia la mano de obra, y la Junta de Andalucía y las diputaciones. Este año la Administración autonómica destina en total 62.623.610,87 euros, "un cinco por ciento más que en 2021, cifra proporcional al incremento fijado por el Estado", ha señalado el consejero.
La inversión en la provincia de Córdoba prevista dentro del PFEA 2022 asciende a 28.816.138 euros, de los cuales 12.967.262 euros corresponde al coste de los materiales. De esta última cuantía la Junta de Andalucía aporta el 75 por ciento (9.725.446 euros) y la Diputación de Córdoba el 25 por ciento restante (3.241.815 euros). El PFEA 2021 generó en la provincia más de 17.000 empleos.
Nieto ha mostrado el compromiso de la Junta de Andalucía a "aumentar su aportación en las próximas ediciones si el Gobierno de España incrementa la suya para hacer frente a la realidad actual marcada por la inflación".
El consejero ha incidido en que el PFEA es un programa de empleo para ayudar a los ayuntamientos a crear oportunidades laborales donde más problemas de desempleo hay y fijar así la población al territorio. De hecho, a esta nueva edición los consistorios han presentado alrededor de 1.800 proyectos de obras y servicios para dotarse de mejores equipamientos e infraestructuras públicas, en beneficio de los vecinos, con los que se prevén crear más de 110.000 empleos y alrededor de dos millones de jornales.
Es, en su opinión, "una de las herramientas más potentes para luchar contra la despoblación que, gracias en parte al PFEA, no es en Andalucía un problema tan acuciante como en otras comunidades pero sí afecta a comarcas concretas como Los Pedroches en Córdoba, la Sierra de Huelva y provincias como Jaén o el interior de Granada".
Por ello, ha reconocido que al ser "una excepción para Andalucía y Extremadura a la que no le faltan voces críticas, tenemos el deber de que hacer de este programa el mejor uso posible" para que "no solo deje de estar cuestionado sino que se vea como un ejemplo" de los efectos positivos de la colaboración entre administraciones en la sociedad.
A la firma del convenio, celebrada en la Diputación de Córdoba y presidida por el máximo representante de la institución provincial, Antonio Ruiz, han asistido, además de los representantes de las ocho instituciones provinciales --entre ellos los presidentes de Almería y Málaga, Javier Aureliano García y Francisco Salado, respectivamente--, la secretaria general de Administración Local de la Junta, María Luisa Ceballos, y los delegados territoriales de la consejería en las ocho provinciales.
Por provincias, el reparto de la aportación del Gobierno andaluz es el siguiente: Almería 3.494.397,49 euros; Cádiz 7.001.319,70 euros; Córdoba 9.725.446,77; Granada 8.266.316,63; Huelva 5.216.546,78 euros; Jaén 8.222.480,11; Málaga 6.832.235,95 euros y Sevilla 13.864.867,44 euros.
El PFEA forma parte del Plan de Cooperación Municipal de la Junta con los ayuntamientos que en los últimos cuatro años se ha incrementado en más de 450 millones de euros hasta alcanzarlos los 1.600 millones entre líneas de ayudas y subvenciones a las entidades locales como las que desarrolla la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.
Cabe agregar la Participación en los ingresos de la comunidad (Patrica) que también ha aumentado cada año desde 2019, "tras estar congelada desde 2014"; los incentivos al emprendimiento en el mundo rural; la reducción de la deuda del Gobierno con las entidades locales; las facilidades dadas a los ayuntamientos para aplazar y fraccionar el pago de sus deudas con la Junta; o las medidas de ahorro fiscal aprobadas esta misma semana en el Consejo de Gobierno.
El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz ha valorado que "este año, gracias al compromiso del Gobierno de España, se ha experimentado un importante incremento en la inversión en la provincia, con un cinco por ciento más de recursos, lo que supone un incremento del 27 por ciento en los últimos cinco años. Esto nos ha permitido seguir actuando con igual o mayor intensidad en los objetivos que persigue".
No obstante, el presidente de la Diputación de Córdoba ha señalado que "sería necesario revisar estas aportaciones a los ayuntamientos pues el incremento de los precios de los materiales está suponiendo un problema para las entidades locales que tiene que hacer frente a esos excesos en los precios".
En este sentido, Ruiz ha insistido en que "hemos trasladado al consejero que hay que articular mecanismos para que la Junta de Andalucía y las diputaciones podamos cubrir ese incremento en el coste de los materiales y no tengan que hacerlo los ayuntamientos".
