El PACMA se ha querellado contra 73 cazadores y contra el propietario de una finca en la que se abatieron 450 animales en una macromontería en una finca de Villaviciosa (Córdoba). La formación política esgrime el artículo 337 del Código Penal tipifica como maltrato animal con agravante de muerte el caso de los animales que en algún momento de su vida han dependido del ser humano.
En la 'macromontería' se expusieron los animales muertos en hileras para "dar fe de la gran matanza" que tuvo lugar un fin de semana de enero en una finca de 3.200 hectáreas que sirve de punto de encuentro habitual para cazadores y donde se habían criado en cautividad tales animales.
El presidente del Partido Animalista, Javier Luna, asegura que este tipo de prácticas son frecuentes y desmontan por completo las teorías de control poblacional. "En la mayoría de los casos estos animales son criados en las fincas, alimentados y puestos a disposición de los cazadores cuando alcanzan cierta edad. Son animales que, de alguna manera, han dependido de la mano humana en algún momento", argumenta.
Y esa es la razón a la que se acoge el PACMA, puesto que el artículo 337 del Código Penal español establece que será castigado el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual, a un animal doméstico o amansado, un animal de los que habitualmente están domesticados, un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o cualquier animal que no viva en estado salvaje".
De este modo, para el equipo legal del PACMA, considera que cada uno de los cazadores, así como al criador de estos, son cooperadores necesarios de esos hechos delictivos.
Además de la demanda, la formación política animalista insta a las administraciones a revisar urgentemente la ilegalidad de las granjas cinegéticas, que son espacios de cría en exclusiva de animales de especies cinegéticas, para repoblar terrenos y mantener la posibilidad de cazar.
Luna opina que toda autorización de granjas cinegéticas y para cazar animales en ellas es, por tanto, "nula de pleno derecho", porque la normativa actual que permite la existencia de granjas cinegéticas y autorizaciones de caza de dichos animales supone una violación flagrante del principio de jerarquía normativa".
