Los hechos se basan en que la auxiliar de ayuda a domicilio, a pesar de tener la jornada reducida por cuidados de un familiar (concretamente, su hijo) con enfermedad grave, acumula un exceso de jornada en 2024, con 87 jornadas completas. La propia empresa reconoció este hecho en febrero de 2025, y la trabajadora desde el siguiente mes de mayo solicitó primero verbalmente y por escrito después disfrutar de parte de esas jornadas en los meses de julio y de agosto de este año, cuando no hay actividad educativa. Pero ni el departamento de Recursos Humanos ni el de Relaciones Laborales de Monsecor se avinieron a atender su solicitud, dándole largas a la trabajadora.
Ante el silencio de la empresa, la auxiliar de ayuda a domicilio solicitó, a mediados de julio, ya de manera formal y por escrito, con asistencia de la asesoría jurídica de CTA, que esos días se le compensaran junto con la segunda quincena de vacaciones de este año, con el mismo fin de cuidar a su hijo. La empresa siguió con la misma postura y pospuso tratar su petición de forma indeterminada, para terminar ignorándola definitivamente.
Incluso, el encargado de Relaciones Laborales -hijo de la dueña de la empresa- citó a la trabajadora en la oficina un viernes de finales de julio de 2025, a las 13.00 horas, con 40 grados en la calle. La mujer tuvo que asistir con su hijo, pero se encontró con que el responsable de Relaciones Laborales no estaba y que la había dejado plantada. A la semana siguiente no tuvo noticia alguna de la empresa, hasta que finalmente se vio obligada a poner una demanda (después de perder ya la oportunidad de permanecer todo el mes de julio y parte de agosto al cuidado de su hijo).
Junto con la demanda los servicios jurídicos de CTA pidieron, como medida cautelar, que la auxiliar de ayuda a domicilio comenzara a disfrutar de esos días adicionales de vacaciones desde el 11 de agosto. El Juzgado así lo estimó, permaneciendo al menos desde entonces disfrutando del merecido descanso y cuidando de su hijo.
Celebrado el juicio el pasado día 26 de agosto, el Juzgado de lo Social entendió que, efectivamente, esta "actuación tan lamentable" de Monsecor, SL sólo se explica como una represalia frente a un juicio de reclamación de cantidad que la trabajadora ganó en junio de 2025 contra esa misma empresa (lesión de la garantía de indemnidad vinculada a su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva), y por estar afiliada a la CTA (lesión de la libertad sindical). Igualmente, debido a las sentencias que ahora esta trabajadora, y antes otras afiliadas al sindicato, han conseguido por la beligerancia de CTA ante la actitud de la empresa.
Asimismo el Juzgado estimó que la indemnización reconocida de 7.500 euros resarce el daño moral sufrido por la auxiliar de ayuda a domicilio y puede tener efectos disuasorios para que Monsecor no reitere con este tipo de comportamientos.
Todas estas sentencias se les están comunicando por registro de entrada a Rafael Llamas (PSOE), alcalde de Montilla (Campiña Sur), aunque, según el sindicato, el regidor ha hecho caso omiso y y sabe que en los pliegos de condiciones se indica que la empresa adjudicataria del servicio (que es la misma en los últimos 25 años) tiene la obligación de cumplir con la legislación laboral y en materia de libertades sindicales.
"Sin embargo, el alcalde de Montilla, al igual que la empresa, ha ignorado las ocho sentencias firmes por vulneración de derechos fundamentales, y no sabemos si su pasividad ante temas de tanta enjundia es porque el PSOE da el respaldo a su inacción", remata la CTA.
