La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo (PP), ha anunciado que más de 300 municipios de más de 5.000 habitantes de toda la región han solicitado las ayudas convocadas para la implantación del contenedor marrón que permita la recogida separada de biorresiduos, cuya implantación será obligatoria en 2024.
En el listado de solicitudes de estas ayudas se encuentran Córdoba capital, Puente Genil, Cabra, Palma del Río y la Diputación de Córdoba, con un importe global de las ayudas solicitadas de alrededor de 4,5 millones de euros, según fuentes de la Consejería.
Según indica Ecoembes en su página web, lo que deberá depositar en este contenedor marrón son restos de alimentos como pieles de frutas, espinas de pescado, plantas, cascaras de huevo o posos; o servilletas y papel de cocina usados. Y no se debe echar en él restos no orgánicos como son objetos de cerámica, pañales, colillas, chicles, toallitas húmedas, arena para mascotas, pelo o polvo. Es decir que lo que barre en casa no iría en ese nuevo contenedor. El motivo es que todo lo que vaya allí sirva para elaborar compost, un biorresiduo que puede aprovecharse como fertilizante e incluso como generador de energía.
Por todo ello, la Consejería, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, está poniendo en circulación las subvenciones procedentes de los fondos del Next Generation, en concreto hasta 78 millones de euros, por medio de tres convocatorias específicas en materia de economía circular.
"Nuestra Comunidad va a ser una de las regiones de España más avanzadas en el tratamiento de biorresiduos, cuya obligatoriedad se prevé en la Directiva Marco de Residuos y en el proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía", ha asegurado la consejera, que ha recordado que el proyecto de ley cuenta desde el viernes pasado con el dictamen favorable de la Comisión de Agricultura Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible del Parlamento, paso previo a la votación del texto final en el próximo Pleno.
Crespo ha explicado que "sólo la línea dedicada a promover la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos municipales" cuenta con un presupuesto de 37 millones de euros y "se entronca en el impulso que el Gobierno andaluz pretende dar a la economía circular gracias a ley que pronto será votada en el Parlamento por los grupos políticos". Se trata, por tanto, de “contribuir a lograr una gestión y ahorro más sostenible de los recursos naturales, y al mismo tiempo cumplir con los objetivos establecidos en la normativa europea".
En el plazo de presentación de solicitudes se han recibido 71 peticiones de ayuntamientos de forma individualizada y 14 de consorcios, mancomunidades y diputaciones que agrupan a más de 230 entidades locales de la comunidad. "La convocatoria ha sido un éxito a nivel regional", ha explicado Crespo. Una vez finalizado el periodo de presentación de solicitudes, la Dirección General trabaja a destajo para intentar sacar la resolución definitiva antes de julio.
Economía circular
La segunda línea de subvenciones se destina a proyectos de construcción, adaptación y mejora de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos recogidos de forma separada por parte de municipios, mancomunidades o consorcios constituidos por dichas entidades locales con la competencia de prestar dichos servicios. Y la tercera convocatoria está dirigida a la modernización de instalaciones de tratamiento de residuos municipales.
En concreto, el objetivo de estas subvenciones que gestiona el Gobierno andaluz es impulsar actuaciones que mejoren la automatización de las plantas de tratamiento mecánico-biológico de los elementos depositados en el contenedor gris.
La normativa europea marca que los desechos municipales depositados en vertederos deben reducirse al 10% en 2035, lo que obliga a las entidades locales a dotarse de infraestructuras que mejores la prestación del servicios. Los residuos sólidos urbanos suponen el principal flujo de residuos producido en Andalucía (un 36% del total).
