Los menores infractores de 13 municipios de Córdoba podrán cumplir las medidas judiciales que les impongan los juzgados de Menores en su propia localidad y sin necesidad de desplazarse hasta la capital, de forma que estos jóvenes podrán así realizar trabajos en beneficio de la comunidad o tareas socieducativas en su entorno.
Ello es posible, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, gracias a 13 convenios a suscribir entre la Administración autonómica con los respectivos municipios. Nueve de los acuerdos son nuevos y cuatro de ellos son adendas a anteriores convenios.
En concreto, los nuevos convenios se firman con los ayuntamientos de Villaralto, Añora, Torrecampo, La Grajuela, Montoro, Benamejí, Carcabuey, Nueva Carteya e Hinojosa del Duque. Los cuatro que se renuevan se han suscrito con los consistorios de San Sebastián de los Ballesteros, Pedro Abad, Peñarroya-Pueblonuevo y Cardeña.
La delegada de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Córdoba, Purificación Joyera, ha firmado estos acuerdos, que ahora deberán ser rubricados por los respectivos alcaldes, y que facilitarán que este tipo de medidas de medio abierto, que no conllevan internamiento de los menores, sean ejecutadas en servicios municipales.
De esta forma, estos acuerdos permiten el desarrollo de trabajos en beneficio de la comunidad o tareas socieducativas que llevarán a cabo estos jóvenes en diferentes servicios de los consistorios como puedan ser culturales, educativos o de atención social, siempre bajo la supervisión de los técnicos municipales, los servicios de Justicia Juvenil de la Delegación, y la pertinente autorización judicial.
Igualmente, los convenios incluyen el seguimiento de la permanencia de fin de semana en el domicilio familiar, por parte de la Policía Local o, en su defecto, por otro personal funcionario que desempeñe estas funciones.
El objetivo es canalizar la cooperación y colaboración entre la administración autonómica y las entidades locales, para la ejecución de las medidas y la intervención en el entorno familiar de menores infractores en situación de conflicto con la sociedad que hayan de cumplir las referidas medidas. Así, la colaboración institucional permite actuar en su entorno, lo que contribuye a una intervención más eficaz para las personas menores y a la prevención de conductas de riesgo en los propios municipios.
Como administración competente en Justicia Juvenil, y tal y como recoge la Ley del Menor, la Consejería y sus delegaciones tienen la potestad de alcanzar este tipo de acuerdos con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, para el desarrollo y cumplimiento de estas medidas.
La realización de estas tareas no implica ningún tipo de relación laboral con los ayuntamientos ni tampoco son remuneradas. Además, todas deberán estar adaptadas a las capacidades del menor y estarán relacionadas con las actividades que desarrolla la misma.
