La periferia, representada por vecinos, la Asociación Plataforma de Afectados de las Inundaciones del Guadalquivir (Apaig) y la Mancomunidad de Juntas de Compensación Alamiriya, junto con la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara y el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), se han concentrado esta mañana a las puertas del Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba, en San Felipe, para entregarle al delegado, Antonio Repullo (PP), "el trabajo que hemos realizado, que son exposiciones consensuadas entre toda la periferia y en las que decimos lo que queremos que se cambie de la nueva ley porque ésta no las atiende".
El presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, ha indicado que la "famosa LISTA" (Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía) lo único que demuestra es que la Administración "sigue sin enterarse de los problemas que tenemos en la periferia", entre otras cuestiones, porque "tal y como está redactada de fuera prácticamente a toda la ciudad de Córdoba afectada".
Según De Gracia, "queríamos cambiar la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), pero no de este modo". Entre otras cosas "no sólo no recoge la singularidad de Córdoba, sino que tiene una serie de excepciones que nos deja fuera", de modo que van a ser muy pocas las viviendas que pudieran beneficiarse de algo de esa ley".
Según el portavoz social, la LISTA se limita a transcribir en el texto lo que ya está pasando, es decir que, "aunque se anunció que más de 40.000 viviendas serían legalizables, al ritmo que estamos las viviendas siguen en unas circunstancias muy parecidas", y eso implica carencia de acceso a servicios, cuando muchas veces los tienen en la misma puerta, y sin posibilidad de regularización, "cuando les corresponde por Ley que pudiera ayudarse a que se legalicen".
De Gracia ha negado también que esta Ley nueva haya sido participada. La demostración, de hecho, es la protesta de esta misma mañana. "Con nosotros nadie ha hablado ni mucho menos consensuado nada". De modo que Córdoba seguirá con sus problemas, que se resumen en la existencia de entidades urbanísticas de conservación con 15 años de funcionamiento, cuando no deberían superar nunca el lustro, "y nadie les ha dicho que se paren", como es el caso de Paraíso Arenal o Las Jaras, donde, además, está el problema de abastecimiento de agua potable. Otro asunto son las posibles afeccciones como Medina Azahara o la zona de los cauces y el Aeropuerto. "Hay distintas realidades que se pueden atender y muchas de ellas pueden tener solución si hay voluntad", ha rematado.
Las demandas en concreto
La concentración, además de la la modificación de la Ley de Impulso de la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), busca de impulsar la instrucción de mecanismos que faciliten la regularización de viviendas autorizadas a ello por sus planes generales.
Igualmente se pide permitir la dotación de servicios básicos en zonas de protección donde ya no es posible restablecer la realidad territorial y limitar la creación de entidades urbanísticas de conservación, amén de permitir la dotación de servicios en zonas afectadas por otros planes sectoriales, tales como los de Medina azahara, el medio físico o el Aeropuerto.
El objetivo es la salud, la higiene y la mejora del medioambiente en la periferia, tras dos décadas de vigencia de la LOUA que, si bien ha servido para parar los procesos de construcción irregular, ha sido totalmente ineficaz para encauzar soluciones a las viviendas ya existentes.
Esta fase consta de tres concentraciones (de la que se desarrolló la primera frente a la Gerencia de Urbanismo, quedando pendiente una tercera, en el mes de junio, delante del Ayuntamiento de Córdoba. También se está complementando con escritos al presidente de la Junta, a los grupos parlamentarios autonómicos y municipales, y al Defensor del Pueblo andaluz para que ejerzan su responsabilidad en solucionar esta situación.
