El coordinador provincial de Izquierda Unida Córdoba, Sebastián Pérez, ha anunciado la presentación de una querella contra el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello Muñoz (PP), y la exconcejala de Recursos Humanos, María Inmaculada Reyes Cuadrado, por delitos de prevaricación administrativa continuada y malversación.
En la rueda de prensa Pérez ha estado acompañado del coordinador comarcal de IU en Los Pedroches y ex concejal de IU Pozoblanco, Miguel Calero; la concejala de IU en el Ayuntamiento pozoalbense, Natalia León; y la abogada Amanda Meyer.
Precisamente, la letrada ha explicado que la querella cuenta con 45 documentos que sustentan el relato de los hechos, los cuales exponen detalladamente cómo desde el Ayuntamiento de Pozoblanco se ha sostenido un entramado de contrataciones temporales fuera de la normativa y del reglamento de bolsa de empleo.
Meyer ha subrayado que estas contrataciones, además de contar con el rechazo reiterado de la Secretaría General y de los informes de Intervención, evidencian un esquema planificado para tejer una red clientelar con el propósito de favorecer al Partido Popular en la localidad.
"Estamos hablando de decisiones tomadas de manera deliberada y sostenidas en el tiempo, en las que se ha desoído cualquier advertencia técnica, y se ha puesto el aparato administrativo al servicio de intereses partidistas", ha señalado.
Meyer ha destacado tres aspectos fundamentales de la querella: Primero, la contratación temporal de personal en contra de las advertencias de la secretaría general; segundo, el incumplimiento de los procedimientos administrativos al realizar contrataciones al margen del reglamento de bolsa, lo que constituye un grave atentado contra los principios de transparencia y legalidad; y, finalmente, el caso particular de la contratación de Jesús Torres, hijo de la secretaria del alcalde, quien fue dado de alta en la Seguridad Social y cobró varias nóminas del Ayuntamiento sin que existiera una contratación formal que lo amparase.
Meyer ha enfatizado que esta situación ilustra la gravedad de los hechos y la descarada violación de la normativa en beneficio de personas cercanas al alcalde y a su equipo.
Según Meyer, el propósito de la querella es que el juzgado investigue estos hechos y determine las responsabilidades penales que correspondan, dado el perjuicio al interés público y el impacto en la calidad democrática del municipio.
Para ello, Meyer ha solicitado al juzgado que se oficie al Ayuntamiento para aportar toda la documentación de contratación desde el año 2020 hasta la fecha, así como que se tomen declaraciones a los funcionarios y personal del Ayuntamiento que puedan tener conocimiento de los hechos.
"Es fundamental que estos actos, que constituyen un abuso de poder y una desviación de los recursos públicos, no queden impunes. Lo que buscamos es proteger los derechos de la ciudadanía de Pozoblanco y garantizar que el Ayuntamiento recupere su papel de servicio público", ha concluido Meyer.
Por su parte, Sebastián Pérez ha subrayado que el Partido Popular no puede ignorar los graves hechos denunciados y debe tomar medidas inmediatas para depurar responsabilidades. "Este caso marca un antes y un después en la gestión de los ayuntamientos: no todo vale. Existen principios y mecanismos democráticos que deben respetarse", ha afirmado.
Pérez también ha señalado la responsabilidad del Partido Popular, tanto a nivel provincial como andaluz, y ha pedido que asuman las consecuencias de estos hechos que afectan directamente a la ciudadanía de Pozoblanco.
"Se trata de dinero público y de los principios democráticos que nos rigen como sociedad. Esperamos medidas firmes para que situaciones como esta no se repitan", ha concluido el coordinador provincial de IU Córdoba.
