El presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), Francisco Ángel Sánchez (IU), ha anunciado que va a reforzar el personal de su área desde una doble vertiente, no por la crisis del coronavirus, sino porque se veía que era una necesidad antes de que estallara la pandemia, que sí ha desvelado aún más las grandes carencias que tienen los servicios sociales, en particular, y las administraciones, en general, en materia de personal.
Según Sánchez, la situación se viene arrastrando desde la crisis económica de 2008, con los problemas añadidos con las tasas de reposición, con lo que la aAdministración se desinfló, "porque, salvo en determinados sectores, ni siquiera se cubrían las jubilaciones". Una dificultad que en el IPBS se hacía más acucian por la "altísima" tasa de temporalidad que hay, debido, sobre todo, a que no se han podido sacar oposiciones.
"El IPBS tienen una tasa altísima de temporalidad, porque no se han podido sacar oposiciones"
"Una persona no puede estar con un contrato temporal o interino toda su vida, porque no tendría estabilidad familiar ni emocional, y de hecho, se aprobó en Pleno de la Diputación al final del pasado año el programa de consolidación y estabilización del empleo para establecer los mecanismos legales y darle también seguridad a través de sus correspondientes exámenes o procedimientos que se pongan en marcha para todos por igual", ha explicado el responsable del Instituto provincial.
Ese refuerzo de los Servicios Sociales provinciales se harán desde el doble prisma del propio IPBS y también desde los 69 ayuntamientos de la provincia menores de 20.000 habitantes, algunos con una cifra suficiente de personal y otros con una trabajadora social que va dos veces por semana. En este segundo caso, Francisco Ángel Sánchez ha avanzado que se van a crear mesas de acción social, en las que tendrán representación los consistorios, los servicios sociales comunitarios y también aquellas asociaciones, oenegés o colectivos que están enraizados en ese municipio y tienen mucho que decir, como sería el caso de asociaciones de Alzheimer o Cruz Roja, entre otros muchos.
Esas mesas incluyen para su correcto funcionamiento una persona que coordine con lógica y cabeza todos los recursos que se ponen ahora a disposición de los municipios del Gobierno central, la Junta, la Diputación o con recursos propios incluso. "No se trata tanto de que haya dinero, que también, sino de saber cómo lo pueden gastar, en qué lo pueden destinar y cómo cumplir los plazos era justificarlo", ha señalado.
"Los contratos de las 80 personas que coordinarán las mesas de acción social que se van a crear los harán los consistorios con ayudas del IPBS"
Los contratos de esas 80 personas (habrá municipios más complejos que requieran de hasta dos personas) se harán desde los ayuntamientos con ayudas del propio IPBS, pero aún están estudiando la duración, que serían por meses con posibilidad de ampliarlos, y en caso de que los ayuntamiento comprueben su utilidad, "financiarlo ellos usando, para ello, los propios fondos del Plan 10 que se acaban de aprobar en el Pleno de la Diputación.
"Lo que sí le decimos siempre a los ayuntamientos es que tiene que existir esa coordinación, porque es fundamental para dar respuestas ágiles y eficaces y sobre todo sacarle el máximo rendimiento todos los recursos", ha sentenciado Sánchez.
En cuanto al refuerzo del personal del IPBS, el responsable provincial ha asegurado que se venía haciendo desde antes de que estallara la crisis sanitaria con la idea de reestructurar las 11 zonas de servicios comunitarios (que se denominaba social), teniendo en cuenta la población o la distribución de municipios en el terreno y que requieren de desplazamientos más largos.
"En Doña Mencía vamos a alquilar un espacio más adecuado a las nuevas necesidades, porque el actual es obsoleto y no es apto para el servicio"
Se estaba dando el caso de que "algunas trabajadoras que cubrían tres municipios pequeños habían pedido por derecho reducir jornada y eso complicaba mucho la estructura de zona". En esta readaptación de los servicios en la provincia se estudia incluso la adaptación de los espacios.
Es el caso, por ejemplo, de Doña Mencía, donde el espacio actual es obsoleto y ni siquiera cuenta con una correcta accesibilidad, por lo que no es apto para el servicios. "Estamos viendo la posibilidad de alquilar también un espacio adecuado y ya adaptado a las más estrictas medidas higiénico-sanitarias en ese pueblo" y eso implicará también la incorporación de más trabajadoras sociales.
