Doce municipios de la provincia de Córdoba se han adherido ya al convenio firmado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Junta de Andalucía y el Consejo General del Poder Juidicial (CGPJ) en marzo de 2016 que permite a los jueces que detecten riego de exclusión social en ejecuciones hipotecarias o desahucios recabar información para adoptar medidas paliativas, como la de suspensión del proceso. Estos municipios son Almedinilla, Cabra, La Carlota, Doña Mencía, Hornachuelos, Fernán Núñez, Lucena, Posadas, Priego de Córdoba, Puente Genil, Villafranca de Córdoba y Villanueva de Córdoba.En Andalucía son en total 73 municipios.
El convenio incluye un protocolo de actuación que, en situaciones de ejecución hipotecaria, se inicia con la información sobre el Código de Buenas Prácticas Bancarias para que los afectados puedan dirigirse a la entidad acreedora y proponerle las medidas que considere oportunas o formular alegaciones.
Una importante medida es facilitar el acceso a los programas de servicios sociales, que ayuda a la pronta detección por el órgano judicial de una posible situación de vulnerabilidad que aconseje dar traslado a la Junta de Andalucía, así como a los servicios sociales de los ayuntamientos andaluces.
La FAMP se comprometió - con la firma de este convenio- a promover la adhesión de las entidades locales, para facilitar al CGPJ toda la información sobre servicios sociales municipales y a promover entre sus asociados respuestas ágiles a las solicitudes remitidas por los juzgados.
La FEMP quiere tramitar ahora un convenio con los colegios de procuradores para que los ayuntamientos de toda España dispongan con antelación de información que les permita actuar frente a los desahucios.
