La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), destinará 25.260.262 euros al servicio de ayuda a domicilio (SAD) de los municipios de menos de 20.000 habitantes durante 2016, 67 ayuntamientos y dos ELA.
La inversión supondrá más de 2 millones de horas de asistencia distribuidas entre 3.709 usuarios, lo que da idea de la importancia de los convenios de colaboración que se han renovado hoy.
El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, que ha estado acompañado por los representantes de los ayuntamientos firmantes y la vicepresidenta primera y delegada de Bienestar Social, Felisa Cañete, ha subrayado la importancia de esta firma de adendas, ya que “la dependencia y la ayuda a domicilio son un derecho y debemos garantizarlos, a pesar de que Andalucía es la región que más recursos ha visto recortados, 342,1 millones de euros”.
En este sentido, ha hecho hincapié en el esfuerzo que está realizando la institución provincial, los ayuntamientos y la Junta de Andalucía, que “están soportando el 80% de los costes cuando debería estar financiando el 50% el Estado”.
Ruiz ha destacado, además, que “la ayuda a domicilio genera empleo ligado a nuestros pueblos en un sector de la población muy específico, como es el de la mujer, que realizaba ya este trabajo sin ningún reconocimiento; genera beneficios para la economía y el desarrollo de los municipios y beneficios sociales, pues los dependientes pueden tener su autonomía dentro de su propio pueblo”.
Por su parte, la delegada de Bienestar Social, Felisa Cañete, ha hecho hincapié en que “el servicio beneficia a usuarios y familiares, pero también a los profesionales que se encargan de él porque genera empleo. En la provincia hay más de 1.600 auxiliares, fundamentalmente mujeres, y en la mayoría de los casos es el único modo de vida que tienen”. Por último, Cañete ha recordado que la ayuda a domicilio “es uno de los recursos más consolidados, más valorados y mejor aceptados por familiares y profesionales de los servicios sociales y no vamos a consentir que un recurso tan necesario que ayuda a mejorar la calidad de vida y generar empleo se vea mermado”.
