La Audiencia Provincial de Córdoba advierte en la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) referida a 2021 de las "carencias" de las sedes judiciales de las localidades de Montilla y Aguilar de la Frontera.
En dicho documento, consultado por Europa Press, se apunta a "carencias en sus infraestructuras, calefacción, sistemas informáticos", así como "las barreras arquitectónicas y algunos otros servicios con problemas a los que se les ha dado parcial remedio, pero no definitiva solución".
Mientras, valoran el comienzo de las obras de ejecución del nuevo edificio judicial de Lucena en el mes de diciembre de 2021, después de la licitación correspondiente, que pudo concluirse con la formalización del contrato en noviembre con la entidad Vialterra Infraestructuras SA, ganadora del concurso público.
Al respecto, destacan que el plazo de ejecución es de 18 meses, por lo que "el nuevo Palacio de Justicia podría estar finalizado a finales de 2023", según se expone en la memoria del Alto Tribunal andaluz, en la que se resalta que la capital cuenta con "un moderno y unificado edificio judicial".
Por otra parte, se hace referencia a "la necesidad de modificar plantillas y reordenar efectivos personales, con especial mención de algunos órganos unipersonales, singularmente mixtos, donde hay que dotar correctamente las plantillas, ya que no están en consonancia al volumen de asuntos litigiosos".
Igualmente, se apunta a "muchos juzgados con la tarea compartida en materia de Violencia sobre la Mujer, donde es imprescindible mantener refuerzos específicos de funcionarios", de modo que se ha recogido "durante años el ejemplo paradigmático de órganos judiciales de la provincia de Córdoba, única de Andalucía que cuenta con seis partidos judiciales dotados con una plantilla de cuatro funcionarios -un gestor, dos tramitadores y un auxiliar judicial-, lo que complica el correcto funcionamiento del órgano judicial y exige un gran sobreesfuerzo para los funcionarios".
Necesidad de personal
En cuanto a la incorporación de personal, se explica que en la Sección Penal de la Audiencia, partiendo de un criterio orientativo de 300 asuntos por magistrado y año para las secciones penales de audiencias provinciales como carga de trabajo referencial, "esa cifra es superada ampliamente", de ahí "la necesidad de ampliar la plantilla con otro magistrado", que se ha creado por Real Decreto 1052/2021, de 30 de noviembre.
Respecto a Civil, se indica que partiendo de un criterio orientativo de 200 asuntos por magistrado y año para las secciones civiles de audiencias provinciales como carga de trabajo referencial, "esa cifra es superada sensiblemente y permite hablar de la necesidad de incrementar la planta con otro magistrado en este orden jurisdiccional".
Mientras tanto, la Audiencia asevera que "será imprescindible mantener la medida de apoyo judicial consistente en comisión de servicio con relevación de funciones", con el objetivo de "asumir la actual carga de entrada y evitar mayor nivel de pendencia".
Asimismo, en la memoria se expone que hacen faltan otras tres plazas judiciales en los juzgados de Primera Instancia, Familia y Mercantil.
