La concejala de Recursos Humanos, y Salud Laboral, Gestión, Salud y Consumo y Juventud, Cintia Bustos (PP), se ha comprometido hoy, durante la celebración del Pleno ordinario de enero, a preguntar el motivo por el que los empleados del centro cívico Norte-Sierra se niegan a recoger la documentación pertinente para solicitar el empadronamiento municipal a ciudadanos de origen rumano que viven en infraviviendas de ese Distrito, tal y como ha preguntado el concejal de Hacemos Córdoba Iván Fernández.
En un principio se ha producido ciertas confusión en la respuesta de la edil, ya que la pregunta hablaba de que en el centro cívico citado estaban denegando el empadronamiento, a lo que Bustos respondió que en ningún centro cívico de la capital los trabajadores tienen potestad para inscribir a nadie, sino que simplemente se encargan de recibir la documentación para pasárselo al Departamento de Estadística, que es el que tiene las competencias reales.
Fernández ha aclarado que la queja era porque los empleados municipales "se niegan a recoger la documentación para el empadronamiento a personas de origen rumano; deniegan directamente el derecho a solicitar ese empadronamiento" y ha preguntado igualmente si se trataba de una "orden del equipo de gobierno o de Servicios Sociales".
Aclarado el punto, Bustos ha echado en cara al concejal de Hacemos que "la pregunta está mal formulada", para asegurar que se iba a interesar por la razón por la que se está llevando a cabo esa práctica, ya que "no hay ninguna instrucción por nuestra parte" al respecto.
De igual modo, la concejala de Servicios Sociales, Eva Contador (PP), ha recogido el guante de la presidenta del comité de empresa de la ayuda a domicilio, Maripaz Ruiz (CTA), quien ha participado en el Pleno de hoy y le pidió a la responsable municipal una reunión "para que le podamos trasladar todos los problemas que hay". Contador le ha respondido expresamente que ese encuentro se iba a celebrar.
Ruiz ha aprovechado para volver a reivindicar una gestión municipal directa de la ayuda a domicilios, puesto que en los municipios donde se aplica "funciona muy bien", y ha criticado que un año después de que se aprobara una moción por unanimidad para "fiscalizar y controlar el cumplimiento del pliego de condiciones y del convenio colectivo de obligado cumplimiento" no se ha hecho nada al respecto.
En cualquier caso, la representante sindical ha asegurado que desde entonces "la situación ha ido a peor" y ha recordado que el Ayuntamiento está obligado a velar por que la empresa adjudicataria del servicios cumpla con el pliego del contrato y con el convenio en vigor. "Las compañeras están ya muy cansadas y no sabemos ya que más hacer", ha advertido, dejando sobre la mesa la adopción de "medidas drásticas", como es la vuelta a las movilizaciones, en caso de que nada cambie, a pesar de que no es lo quilas trabajadoras de la ayuda a domicilio quieren.
