El secretario general de UGT-FICA Andalucía (Federación de Industria, Construcción y Agro), Manuel Jiménez, y su homólogo en Córdoba, Pedro Téllez, han anunciado hoy la impugnación del pliego de las bases de contratación de obra de Emacsa al no incluir la obligatoriedad de que las empresas que opten a la licitación lo hagan aplicando el convenio de la Construcción para garantizar unas condiciones mínimas laborales para los trabajadores
En su comparecencia, Jiménez ha recordado que la FICA presentó "una denuncia en la Inspección de Trabajo al tener conocimiento de que Magtel, la empresa contratada para las obras de EMACSA, no aplicaba el convenio sectorial correspondiente, es decir, el de la Construcción”. Una denuncia que se resolvió de forma favorable reconociendo en 2016 la Inspección de Trabajo que el de la Construcción era el marco legal por el que se debían regir esta empresa.
En opinión de Jiménez, la sorpresa ha sido "encontrarnos que, a pesar de haber enviado un escrito con esta resolución de la Inspección, la empresa municipal no ha recogido esta cláusula en el pliego de bases de contratación". Una circunstancia que el secretario general de FICA-UGT Andalucía ha lamentado, ya que "hay un gobierno municipal que se dice progresista y que está aplicando la reforma laboral y deja la puerta abierta a que las empresas precaricen el trabajo".
La no inclusión de este punto obligatorio supone, según Téllez, un cheque en blanco para que los empresarios reduzcan en costes laborales. "Están dejando en el aire un 40% del presupuesto y nos tememos que las empresas aprovechen para reducir costes en el personal con trabajadores cobrando el salario mínimo interprofesional", apuntó el secretario de UGT-FICA en Córdoba.
Asimismo, los dos secretarios generales han explicado que las condiciones de contratación de Emacsa son "leoninas, impidiendo a la mayoría de empresas cordobesas optar a estas licitaciones". No en vano, el contrato que se formalizará tendrá una vigencia de 6 años y un importe de 11 millones de euros.
Jiménez y Téllez esperan que el Ayuntamiento y la presidenta de su Consejo de Administración, Isabel Ambrosio, rectifiquen antes del 2 de junio, día en el que concluye el plazo de presentación de ofertas. Mientras, desde FICA-UGT Córdoba dejan claro que seguirán adelante con el contencioso administrativo y que no se descartan movilizaciones.
