La FeSP-UGT se reunió la semana pasada con Manuel Rodríguez, gerente y representante de gran parte de las empresas de ambulancias de transporte sanitario de Córdoba, que conforman una UTE (Ambulancias Córdoba, SA, Ambulancias Los Pedroches SL, Ambulancias de Córdoba Sdad Coop Andaluza, Ambulancias Alto Guadalquivir SL) y que tienen la licitación del transporte sanitario desde 2007, fecha de la última licitación que cumple ahora.
En ese encuentro, el sindicato pidió llegar a un acuerdo de devolución de derechos sustraídos a los trabajadores con un descuelgue ilegal de salarios del 10% desde el año 2012, no obstante la respuesta fue un "rotundo no", acompañado de una amenaza de que "lo pagarán los trabajadores si la justicia le obliga a devolver lo no pagado".
Según un comunicado de UGT, no todas las empresas actúan de la misma forma, como es el caso de Ambulancias Paulino Gil Romero y Ambulancias Sur de Córdoba, que ya están devolviendo parte de las retribuciones no abonadas, con acuerdos alcanzados con UGT o con sus comités de empresa, y, "aunque sean insuficientes, demuestran el compromiso con los trabajadores".
En este sentido, según UGT, la Administración sanitaria de Córdoba es la responsable última de vigilar y hacer cumplir los pliegos de condiciones actuales de este servicio publico, y que las condiciones laborales y el convenio colectivo se hagan cumplir, "pero están mirando para otro lado, a pesar de ser conocedores que estas empresas imcumplen la normativa laboral en vigor".
"Robo a los ciudadanos"
Por esta razón, al sindicato le parece "un escandalo mayúsculo" el hecho de que estas empresas "se hayan embolsado con el conocimiento de la Administración sanitaria cerca de 4 millones de euros como beneficios, no cumpliendo de esta forma con los pagos de los conceptos retributivos a los trabajadores conforme procedía a convenio". De este modo, "estamos en el mayor presunto robo a los ciudadanos, a nuestros impuestos y a los trabajadores de los últimos años en Córdoba".
La FeSP-UGT ha asegurado que seguirá defendiendo que el servicio publico licitado a empresas privadas, y pagado con el dinero de los contribuyentes, genere riqueza local con un reparto más igualitario. "Pero la verdad es que sólo las empresas con la aplicación ilegal del descuelgue salarial, han sido las grandes beneficiarias de la crisis, con el dinero regalado por todos a las arcas de unos pocos empresarios".
La idea de UGT es denunciar que Manuel Rodríguez, en representación de las empresas y los socios propietarios de las mismas, "nos ha confirmado en la reunión mantenida con UGT que no cumple con las obligaciones del convenio colectivo, y echa la culpa a la Administración sanitaria de esta situación". Y es que, en palabras del sindicato, la crisis económica no justifica la situación del deterioro de las condiciones laborales de cerca de 400 trabajadores de ambulancias de la provincia.
A partir de ahora, UGT va a proceder a solicitar a los distintos grupos políticos reuniones para dar a conocer la situación del sector del transporte sanitario en la provincia de Córdoba.
