UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba ha mostrado, a través de un comunicado público, su decepción tras el encuentro mantenido ayer en el Ministerio de Justicia con el secretario de Estado de esta institución, "al no encontrar una respuesta positiva a las reivindicaciones presentadas tras más de mes y medio de huelga de los funcionarios de Justicia" y apoya el encierro que el conjunto de las fuerzas sindicales iniciaron ayer en el edificio de este Ministerio en Madrid hasta que sean atendidas sus reivindicaciones.
La elaboración de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia ha contado desde un principio con las reticencias de UGT debido a que su aprobación podría afectar "a la seguridad de los destinos, las retribuciones y las condiciones de trabajo de todo el personal de Justicia", aseguran desde este sindicato.
El secretario provincial de Administración General del Estado y Postal de UGT Servicios Públicos en Córdoba, Federico Bernabé, ha lamentado "la oportunidad perdida en el día de ayer justificada por los representantes del Ministerio en que sería necesario esperar a que acabe el actual ciclo electoral para retomar las negociaciones".
Bernabé ha insistido en la necesidad "de formalizar lo antes posible un compromiso y un acuerdo que acabe con la actual situación, que no sólo perjudica a los propios trabajadores y trabajadoras, sino que escenifica una paralización de servicios esenciales que nuestro sistema no puede permitirse, impidiendo el buen desarrollo de juicios y afectando a un área tan importante como es la Justicia de nuestro país".
Igualmente ha insistido en que "no se pueden imponer, como es el caso, desde el Ministerio y las Comunicades Autónomas, unas condiciones laborales que supondrían la pérdida de derechos y la desestabilización de los puestos de trabajo, así como la pérdida de poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores".
Desde UGT, ha añadido el secretario de AGE y Postal, "no vamos a aceptar ninguna propuesta que no incluya el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones de todos los cuerpos funcionariales, asumiendo para quiénes las reciben las delegaciones de funciones que no puede asumir el cuerpo de los Letrados de la Administración de Justicia, el incremento del Complemento General de Puesto, que oscila entre los 430 euros mensuales para Médicos Forenses y Facultativos del INTvCF y los 350 euros mensuales para Auxilio Judicial, y la eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población, elevándolas a las que se perciben en el Grupo 1, entre otras".
De hecho, UGT exigía que estas eliminaciones se produjeran antes de la finalización de la legislatura por lo que, ha señalado Bernabé, "la actitud del Ministerio, bloqueando toda negociación y sin ofrecer ningún acuerdo retributivo mínimo, aplazando las negociaciones para después de las elecciones, podría alargar la actual situación de huelga profundizando en los graves problemas que se están derivando de la misma, algo que, desde UGT, no podemos compartir, por lo que exigimos respuestas y decisiones que indiquen un camino que sí podría desbloquear la actual situación insostenible que se vive en el ámbito judicial".
