Las Uniones y Federaciones de Pensionistas y Jubilados de UGT y CCOO de Córdoba se han vuelto a concentrar este jueves a las puertas de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta en Córdoba para reclamar el cumplimiento estricto de la Ley de Dependencia.
Una petición que ya hicieron en el mes de diciembre a la propia delegada del ramo, Dolores Sánchez (PP), y que, de nuevo, se ven obligados a realizar frente a los nulos avances en materia de listas de espera, retraso en los pagos de los servicios o aumento del número de plazas en las residencias.
En esta protesta, los responsables sindicales han recordado que de las más de 45.000 solicitudes presentadas en la provincia para el reconocimiento de la situación de dependencia, el 75,70% corresponden a personas mayores de 65 años, en su mayoría, mujeres. De las peticiones presentadas, cerca de 5.000 están pendientes de reconocimiento.
Además, la demora en este proceso supera con creces los seis meses, por lo que se produce un incumplimiento reiterado de la Ley. Asimismo, CCOO y UGT insisten en que hay unas 3.500 personas que tienen reconocida la dependencia, pero que aún no perciben esta prestación.
Un 60% de ellas, aproximadamente, son mujeres. Para abordar esta situación tan indeseada, los sindicatos pidieron una reunión con Dolores Sánchez, que se ha mostrado favorable a este encuentro pero que aún no ha puesto fecha al mismo mientras que estas personas dependientes siguen sin encontrar una solución a sus problemas.
El secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Córdoba, Francisco Figueroba, lamentó que "nos lleguen muchas promesas, pero no se lleguen a cumplir, porque vemos que siguen pasando los meses y los problemas de los mayores no se solucionan, entre ellos, el de las personas dependientes que necesitan ese servicio o esa ayuda económica para poder subsistir y que sufren las carencias de una Ley que no se está cumpliendo de forma estricta".
A esto, Figueroba añadió otros problemas que sufren nuestros mayores como son "la caótica situación de la Atención Primaria en Andalucía o la falta de recursos humanos y materiales en la residencias de ancianos, que afectan directamente a los mayores y a sus familias, además de a las personas trabajadoras de estos servicios".
Por su parte, el responsable de Política Social de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Córdoba, Juan Puerto, corrigió los datos facilitados por la delegada de Inclusión Social, Dolores Sánchez, quien afirmó hace unos días que en Córdoba hay unas 4.000 solicitudes pendientes de reconocimiento cuando son 4.575. "Nos preocupan mucho estas 4.575 personas pero también las 3.543 personas con solicitudes reconocidas sin prestación, sobre todo teniendo en cuenta que aproximadamente el 60% de los solicitantes de la dependencia son mujeres, la mayoría de las cuales cobran pensiones mínimas".
En este sentido puerto criticó la opacidad de la administración pública en cuanto a las cifras de copago. "Hay que revisar el sistema de copago. Hay 17 sistemas de copago, tantos como comunidades autónomas. Sabemos que se paga en función de las rentas pero desconocemos que porcentaje o cómo se aplica y teniendo en cuenta que las mujeres tienen pensiones más bajas, quitarles una parte puede suponer un varapalo a sus precarias economías".
Figueroa no se olvidó tampoco del problema de la brecha digital entre edades y territorios, que "afecta al día a día de las personas de edad, por ejemplo, en el acceso a los bancos o las cajas de ahorro, y que se incrementa en algunos municipios pequeños de la provincia, donde se han cerrado hasta los cajeros". En este punto, el representante ugetista recordó que "hay acuerdos en esta materia con el Gobierno y con los bancos, pero la realidad es que no se está cumpliendo y hay mayores que no tienen un fácil acceso a su dinero".
Finalmente, Puerto reclamó que se ponga los medios necesarios para agilizar la gestión de las solicitudes porque "están muriendo personas esperando, porque lo que se debería resolver en seis meses está tardando un año y medio". "En vez de quitar el impuesto de patrimonio lo que tendría que haber hecho el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), es dedicar el dinero que se recaudaba a la Dependencia, para cumplir la ley, como es su obligación", apostilló.
