El candidato de Sumar al Congreso de los Diputados por la provincia de Córdoba, Enrique Santiago, ha enviado su solidaridad con los servicios públicos que están luchando contra el incendio de La Palma y con todas las personas afectadas, esperando que los servicios de extinción puedan trabajar su trabajo lo mejor posible y que las familias afectadas puedan volver a sus casas. "Estamos ante otro efecto devastador del cambio climático, olas de calor cada vez más frecuentes, temperaturas cada vez más elevadas y graves consecuencias para el medio ambiente y para las poblaciones como este incendio descontrolado", ha aseverado, lamentando "que haya fuerzas políticas que niegan la existencia de graves problemas de la sociedad", como este.
"El seguidismo del PP del partido al señor Abascal, su dependencia contribuye a negar esas realidades, eliminando las administraciones públicas encargadas de combatirlo", ha señalado en un comunicado en referencia a la supresión de los departamentos de Medio Ambiente en ayuntamientos y en Baleares y la Comunidad Valenciana, "encargadas de combatir el cambio climático".
Igualmente ha alertado de que los cogobiernos formados entre estas fuerzas "están eliminando los departamentos encargados de acabar con la violencia contra las mujeres, una ola negacionista que también está suprimiendo los departamentos encargados de la memoria democrática".
Además, el candidato de Sumar al Congreso de los Diputados por la provincia de Córdoba, Enrique Santiago, ha lamentado que la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba, en manos del PP, "no vayan a poner en marcha el convenio para abrir las fosas comunes de los cementerios cordobeses en las que puede haber hasta 4.000 víctimas del franquismo enterradas y sin identificar".
"Cualquier demócrata está interesado en cerrar ese episodio y dar un trato digno a todas las víctimas de cualquier violación de derechos humanos", ha recalcado.
Durante una visita al cementerio de la Salud, en la capital cordobesa, el candidato de Sumar ha remarcado que se trata de unos trabajos para los que existe desde 2020 un acuerdo entre el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta y el Gobierno central por valor de 1,6 millones de euros, y que ejecutarlo es una "obligación democrática".
"El PP y el partido de Abascal están acabando con las administraciones que deben velar por la garantía de un trato igual a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos", ha alertado Santiago, afeando que "una de las primeras medidas tomadas por el PP en la Diputación Provincial de Córdoba haya sido acabar con el departamento encargado de la memoria democrática y los programas destinados a garantizar verdad, justicia y reparación a todas las víctimas".
