La situación de la prisión de Córdoba es "delicada" y está "al borde del colapso"

Aunque la plantilla del Centro Penitenciario de Córdoba es de 515 efectivos, en realidad, son 463 pues hay 52 plazas sin cubrir, lo que supone el 10% de la plantilla. Dado que la población reclusa de la prisión de Alcolea es, a fecha de hoy, de 1.410 internos, lo que la convierte en la cárcel con más presos de Andalucía y la segunda de España sólo por detrás de la de Zuera (Zaragoza), cada trabajador del centro penitenciario atiende a 3 reclusos, es decir, la ratio más elevada de todo el Estado y lejos de los estándares europeos que en ningún caso superan el 1,5 internos por trabajador.
 
Estas cifras dan idea de la situación que se vive en la cárcel cordobesa, que el secretario General de CCOO-Instituciones Penitenciarias, Ángel Moreno, calificó de "delicada" y "al borde del colapso". De hecho, la situación es tan "preocupante" que "actualmente no podemos garantizar la seguridad de los internos y de los trabajadores".
 
Cabe mencionar que el personal de instituciones penitenciarias es el que tiene mayor número de accidentes laborales de todo el Estado con 5,21 accidentes por cada cien trabajadores. La mayoría de estos accidentes están relacionados con agresiones. Así, en los últimos 16 meses se han producido 11 agresiones graves en la prisión cordobesa, agresiones que han requerido atención médica.
 
"La respuesta de la administración penitenciaria ha sido ninguna", dijo el responsable del sector quien puso como ejemplo que el personal de prisiones ha quedado excluido del Plan contra la Violencia en los Centros de Trabajo porque las agresiones se consideran un problema de seguridad y no de salud laboral, o lo que es lo mismo, "entran dentro del sueldo". Ha sido gracias a la presión de CCOO que se ha aprobado una proposición no de Ley en la Comisión de Interior donde se insta a la Función Pública y a Administraciones Penitenciaras a que el personal de Instituciones Penitenciarias sea incluido en dicho plan.
 
A la falta de personal, la elevada edad de y a las agresiones se une también la falta de formación ante "situaciones nuevas" como la delincuencia organizada, el terrorismo yihadista o los problemas de salud mental de muchos de los internos, que son realidades con las que se convive día a día.
 
"El Gobierno quiere convertir las prisiones en un espacio susceptible de negocio", señaló Moreno quien explicó que "estamos inmersos en un proceso de privatización en el que la seguridad se está llevando a cabo por empresas privadas" y que "ha costado a las arcas del Estado 91 millones de euros" con los que se han contratado a 1.500 empleados privados cuando con ese mismo montante se podría haber contrato a 2.500 empleados públicos. 
 
CCOO critica que, además de privatizar, se están contratando a empresas que no cumplen con los criterios de responsabilidad social a los que está obligada cualquier administración. Tal es el caso de la empresa Elecnor, que desarrolla funciones de mantenimiento integral en el centro penitenciario de Córdoba y que se niega a subrogar a los trabajadores y trabajadoras que venían prestando este servicio con la anterior adjudicataria, dejándolos en la calle e incumpliendo la normativa laboral.
 
Por todo ello, CCOO exige la apertura de la prisión de Archidona, que ya está construida y que está costando al Estado un millón de euros anuales cerrada, para poder aliviar la población reclusa de la de Córdoba, cubrir las plazas vacantes y establecer un plan contra las agresiones, todo ello, con el objetivo de poder prestar el servicio público que tiene encomendado Instituciones Penitenciarias, que no es otro que el de resocializar a los internos para que no vuelvan a delinquir, porque la delincuencia tiene un alto coste económico y social.