CONSUMO

El Servicio de Consumo de la Junta recibió 1.243 reclamaciones y 257 denuncias  

La Junta destinó  129.333 euros a protección y defensa de las personas consumidoras en Córdoba

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photo_camera Los miembros del Consejo de Consumo analizaron el informe sobre el Servicio de Consumo de la Junta en Córdoba

El Servicio de Consumo de la Junta en Córdoba ha atendido este año 1243 reclamaciones y 257 denuncias, según se recoge en Memoria anual del Servicio de Consumo que la delegada de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, María Ángeles Luna, ha presentado al Consejo Provincial de Consumo.

Esta cifra supone un descenso del 16’85% con respecto al año anterior. De nuevo, los servicios de telefonía móvil  son los más reclamados, con el 33’89% del total. Le siguen, los servicios esenciales (luz, agua y gas) con un 20,02% y el comercio con un 14,84%.

La Junta de Andalucía ha destinado en el año que ahora finaliza 129.333 euros a potenciar las acciones en materia de protección y defensa de las personas consumidoras. De esta cifra, 64.403 euros han financiado el funcionamiento de las oficinas de Información al Consumidor en 13 entidades locales de la provincia así como la Junta Arbitral provincial, y otros 64.930, se han concedido a asociaciones de consumidores para actividades formativas y asesoramiento en esta materia en todos los municipios de la provincia.

Sanciones

En 2015 se iniciaron 265 procedimientos sancionadores por posibles infracciones a la ley de Defensa y Protección de los consumidores y usuarios de Andalucía y,  como consecuencia de los mismos, la Junta impuso sanciones por importe de 180.104 euros.

Con respecto a la labor de mediación que realiza el Servicio de Consumo, el 37% de los casos finalizó con conciliación entre los consumidores y los empresarios.

Por otra parte, el informe recoge que los inspectores del Servicio de Consumo han llevado a cabo  un total de 3.028 actuaciones en empresas para comprobar el cumplimiento de la normativa vigente. Se han realizado 21 campañas en empresas de productos alimenticios, industriales y de servicios. Algunas de las más significativas han sido la inspección de páginas web de comercio electrónico, la compra-venta y arrendamiento de viviendas, las gasolineras y el control del I.V.A. en la facturación.

También se inspeccionó la publicidad comercial, alquiler de vehículos, etiquetado y seguridad en juguetes y productos industriales y la información del etiquetado de alimentos.

Asimismo, el Servicio de Consumo de la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales celebró un Seminario de Formación sobre nuevos modelos de consumo, dirigido a técnicos de este área, participó en unas jornadas inmobiliarias andaluzas y otras de turismo colaborativo, e impartió diversas charlas a escolares sobre el uso responsable del teléfono móvil.

Por último, el Consejo analizó la situación judicial en que se encuentra el caso Gas Natural Andalucía, en el que hay afectados más de 94.000 ciudadanos andaluces, y las consecuencias para los consumidores de la facturación horaria del suministro eléctrico.