El secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, Valeriano Lavela, ha emitido un informe jurídico, a petición del alcalde, José María Bellido, sobre la contratación de las 8.000 pruebas rápidas de detección del Covid-19 con destino a los empleados de la empresa municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco), que el PSOE ha llevado a la Fiscalía, y en el que recoge que no aprecia, ni detecta "irregularidad o infracción legal y/o reglamentaria en la tramitación administrativa, ni tampoco la comisión de un posible ilícito penal, ni por parte de autoridades, ni de empleados públicos municipales".
Todo ello en base a la tramitación y ejecución del expediente referido a la contratación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público para la prestación del servicio de realización de las 8.000 pruebas rápidas de detección del Covid-19, según dicho informe, realizado conforme a los antecedentes documentales facilitados.
Además, expone que Sadeco en relación al expediente referido "observó y cumplimentó una tramitación muy superior al procedimiento, requisitos y formalidades mínimas, exigidos por el artículo 120 de la propia Ley de Contratos del Sector Público de 8 de noviembre de 2017, en la modalidad que nos ocupa de contratación administrativa de emergencia".
Igualmente, apunta que "la empresa municipal de Saneamientos y el propio Ayuntamiento actuaron con la máxima diligencia, eficacia y rapidez para intentar evitar, paliar o, al menos mitigar los gravísimos efectos que para la salud pública de los vecinos, en general, y de los empleados públicos municipales, en particular, podría acarrear la mortífera pandemia sanitaria generada, a nivel mundial, por el Covid-19", entre otros aspectos que precisa el informe.
