La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha lamentado este lunes que la petición del fiscal de Discapacidad, Fernando Santos Urbaneja, de que se investigue la distribución de las plazas de discapacidad de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2020 es "el resultado de meses perdidos por la soberbia política" del gobierno local de "no reconocer" que el PSOE tenía "la razón".
En una rueda de prensa, en la que ha hecho balance de los dos años de gobierno municipal de PP y Cs, que ha calificado como "el peor en la ciudad durante muchos años y en el peor momento" y con una gestión "nefasta", Ambrosio ha subrayado que fue el Grupo Socialista en febrero de este año el que "denunció y advirtió al gobierno municipal de los riesgos por el incumplimiento del cupo del 10 por ciento para personas con discapacidad".
Al respecto, ha declarado que "desde febrero hasta hoy ha habido excusas por parte del responsable de Recursos Humanos", así como "un alcalde totalmente de perfil en un asunto muy preocupante como éste", ha advertido la edil, para apostillar que "la soberbia política ha hecho que se llegue a esta situación de bloqueo".
A juicio de la portavoz de PSOE, "es la causa del gran atasco de gestión que tiene el Ayuntamiento", dado que "si no hay personal, no se va a resolver el atasco, pero no se puede tener más personal si las 168 plazas de la OPE a día de hoy siguen paralizadas", ha remarcado.
En este sentido, ha reprochado que "vuelven a incumplir la obligación de ser transparentes e informar al resto de grupos municipales, hacen oídos sordos a las advertencias del PSOE", pero "la realidad es que se ha abierto una investigación y se exige la convocatoria inmediata del Consejo Local de la Discapacidad", ha abundado Ambrosio.
En concreto, según ha adelantado 'Diario Córdoba', el fiscal de Discapacidad ha presentado escrito de demanda contra el Ayuntamiento ante el juez de lo Contencioso-Administrativo número 3, que estudia la distribución de dichas plazas, después de que la Junta de Andalucía entendiera que el Consistorio no la había hecho correctamente.
Pese al incremento que hizo después el Ayuntamiento --que pasó de cuatro plazas a 17-- y a que sigue abierta, según indicó el delegado de Recursos Humanos, Bernardo Jordano (PP), la negociación con la administración andaluza, el fiscal pide que se incoen diligencias al entender que se produce discriminación contra las personas con discapacidad "en un doble plano: cuantitativo y cualitativo".
Igualmente, Santos Urbaneja ha solicitado que se investigue si el Consistorio actúa legalmente en relación a las plazas ofertadas a funcionarios interinos e indefinidos no fijos o si quiere favorecer el acceso a dichas plazas ya ocupadas por interinos, entre otros aspectos.
