La concejala socialista Alicia Moya ha señalado que "el servicio de ayuda a domicilio ha sido adjudicado por fin a una nueva empresa, Atende Servicios Integrados, SL (de Clece), que se tendrá que hacer cargo de más de 1.700 trabajadoras que atienden a más de 5.000 usuarios, el mayor contrato del Ayuntamiento de Córdoba, con un importe de 199.204.615,5 euros (207.172.800,13 euros con IVA), y atenderá un servicio esencial para aquéllos y aquéllas que dependen de los demás para realizar las tareas más imprescindibles".
La vigencia del contrato es de tres años, a contar desde el 1 de Julio de 2024, con una prohibe prórroga de un año más.
La socialista ha subrayado que, "precisamente por ser un servicio esencial, ha necesitado de dos prórrogas de urgencia del actual contrato, porque el proceso de licitación no ha llegado a tiempo", y ha añadido que, "publicado en marzo de este año, se llegó 'in extremis' a su finalización, haciendo imposible la subrogación de las 1.700 trabajadoras en tan poco tiempo, y las alegaciones presentadas por una empresa han hecho necesaria la segunda prórroga para poder resolverlas".
Moya ha criticado que el gobierno municipal "calcule los plazos de manera tan ajustada para expedientes de tal importancia, ya que es necesario prever reclamaciones y alegaciones en un contrato tan goloso como este, de más de 200 millones de euros" y ha añadido que "esto provoca el desconcierto en las trabajadoras, que suelen ver cómo sus derechos laborales se ven mermados en la transición de una empresa a otra, coincidiendo, además, en período de vacaciones se podría evitar iniciando el proceso de licitación antes".
Moya ha lamentado que "también en estos casos sufre la calidad del servicio dado a los usuarios, que pueden ver cómo los errores en turnos u horarios se producen con frecuencia", y ha añadido que "el gobierno municipal ha perdido la oportunidad para valorar y trabajar en la gestión directa de este servicio, un servicio esencial que cada día adquiere mayor dimensión e importancia, y que dejamos en manos privadas que buscan el beneficio empresarial".
La concejal ha subrayado que "El PP gestiona el SAD como cualquier otro servicio, una vez adjudicado se desentiende de él y son las trabajadoras las que sufren la falta de fiscalización del gobierno municipal, que, en general, no controla las obligaciones de la empresa adjudicataria hasta que no llegan los problemas de agresiones y las quejas al Pleno" y ha añadido que "esto hace que las condiciones laborarles para un trabajo que exige grandes esfuerzos físicos y mentales no siempre sean las más adecuadas".
Moya ha indicado que "lo habitual en estas adjudicaciones es que las empresas consigan el contrato debido a las mejoras del contrato básico planteado, pero una vez iniciada su ejecución, nadie en el Ayuntamiento se preocupa de que esas mejoras por las que se la eligió se lleven a cabo y en muchas ocasiones los cordobeses y cordobesas pagamos por un servicio para nuestros dependientes que no se presta al completo de lo que hemos contratado".
A pesar de las reticencias del PP para recuperar la gestión directa, son varios los ayuntamientos que han municipalizado el servicio, el último ejemplo San Fernando; donde han recorrido este camino para recuperar la tutela de un servicio esencial a través de una encomienda de gestión a una empresa municipal.
Moya ha señalado que "el proceso no es fácil ni sencillo, pero llegado el momento en que este contrato ha adquirido tal dimensión, es necesario que nos planteemos buscar, en colaboración con la Junta de Andalucía que financia el servicio, cambiar el modelo de gestión para mejorar la calidad de su prestación y por tanto, la vida de los ciudadanos y ciudadanas que lo reciben".
Por último, la socialistas ha remarcado que "es necesario que dignifiquemos las condiciones laborales de aquellas que se hacen cargo de nuestros mayores y dependientes, ya que durante años han tenido que luchar por conseguir un sueldo digno que en la mayoría de las ocasiones ha llegado con las últimas subidas del salario mínimo realizadas por un gobierno progresista, y es momento de plantearnos que un servicio que destina más del 90% de su coste a personal podría ser gestionado por la administración", y ha añadido que "el principal interesado en prestar el mejor servicio debería ser el alcalde, pero la colaboración e implicación de la Junta de Andalucía es imprescindible".
