El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha criticado este jueves que "ni la escasez de jueces se ha paliado ni se ven visos de que se palíe a corto plazo ni la Oficina Judicial que estaba proyectada que funcionase desde hace ya ocho o nueve años termina por arrancar; ni la digitalización de la justicia se ha implantado definitivamente"; "ni tampoco se ha acometido la organización territorial de la justicia", con un sistema "obsoleto y anclado en parámetros más propios del siglo XIX", todo ello defendiendo la necesidad de seis jueces más en la provincia y más funcionarios, teniendo seis juzgados que sólo funcionan con cuatro empleados, "como hace 50 años".
Así lo ha expuesto el presidente en una rueda de prensa para presentar la 'Memoria Anual de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, año 2023', en relación con la provincia, sobre la que el magistrado ha dicho que "parece el eterno retorno de lo mismo".
En relación con los jueces, ha detallado que hace falta un magistrado en la Sección Civil y ha apoyado "crear nuevas plazas en los juzgados de Primera Instancia, puesto que hay una sobrecarga de trabajo muy importante que soportan los magistrados que componen los 12 juzgados actuales ya", pidiendo dos nuevos juzgados y otro de lo Mercantil, a la vez que "están previstas" dos plazas de jueces de adscripción territorial, para "prestar funciones en los juzgados que más lo requieran", a la vez que ha demandado más funcionarios ante "plantillas escasas", siendo de "las peores provincias".
En cuanto a la digitalización, Sánchez Zamorano ha comentado que el sistema '@adriano' "ha provocado determinadas disfunciones y parálisis", así como "retrasos en la tramitación de los asuntos", pero lo ve "normal con la implantación de un sistema que pretende cubrir la firma digital, la gestión procesal, la grabación de vistas, etcétera".
En materia de infraestructuras, ha valorado que "Córdoba en general es una ciudad y provincia privilegiada respecto del resto del territorio andaluz", puesto que "la Ciudad de la Justicia ya lleva tiempo, siete años", aunque "hay deficiencias en la sede de Aguilar de la Frontera, que parece que se ha licitado la obra", y en la sede de Lucena, "por problemas de tipo técnico aún no se ha inaugurado y ya va siendo hora de remover esos obstáculos para tener una sede judicial acorde a los tiempos presentes", ha subrayado.
Tras abundar en que "la justicia está al borde del colapso", el magistrado ha aseverado que "todas las carencias sólo se palian por el voluntarismo de todos los que estamos dentro de la Administración de Justicia, con jueces, magistrados, fiscales y funcionarios", si bien ha aclarado que "esto no es la solución de futuro", sino que "se tienen que arbitrar medios y medidas", ha reclamado, sosteniendo que "parece que la justicia no interesa a los poderes políticos, cuando es una de las funciones más importantes del Estado".
Mientras, ha explicado que "todavía la mediación no ha dado los pasos deseados", de modo que en Córdoba se puso en marcha en 2016 un protocolo, "que no ha dado los frutos esperados", pero "ahora la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Justicia, concretamente, a través de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, ha apostado claramente por este sistema", agregando que "se va a implantar en el ámbito penal para los delitos leves" y espera que "dé resultado", a lo que ha sumado que "hay que perseverar, porque todo no puede estar judicializado".
En cuanto a la Oficina Judicial, ha defendido que en Córdoba se dan "las mejores condiciones de infraestructura para que se implante, puesto que la Ciudad de la Justicia permitiría, sin ningún tipo de problema, la implantación". Y sobre las tecnologías, ha dicho que "se avanza bastante, pero todavía no se ha implantado el expediente digital en el ámbito penal", por lo que "sigue siendo una utopía el papel de cero, pero se avanza y hay que reconocerlo".
CARGA "MUY SUPERIOR" EN CIVIL
En cuanto a los datos, el presidente ha detallado que, "si el año pasado se registraron 27.604 asuntos, éste se han registrado 27.674", mientras que "en procedimientos civiles ha habido descenso importante, en 2.000, tras registrarse 19.229 en 2022 y en 2023, 17.222", aunque ha advertido de que "la carga que soportan los órganos judiciales del ámbito civil es muy superior a la fijada como deseable por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".
Al respecto, ha recordado que en 2023 se creó una nueva plaza de juez "que se reivindicaba desde 2015", pendiente de tomar posesión, tras "paliar la deficiencia con una comisión de servicio", si bien ha aseverado que "esta nueva sexta plaza ya queda como obsoleta", de manera que en la memoria se reivindica la séptima plaza de Civil. "Y, mientras se crea, lucharemos por una nueva comisión de servicio", ha asegurado.
Además, ha elogiado que "la media de la respuesta de las secciones penales en Córdoba es de las más bajas de Andalucía, al estar entre los dos y tres meses". Por tanto, "tiene una pendencia muy escasa y alta tasa de resolución", ha resaltado.
En materia de cláusulas suelo, ha mencionado que "van disminuyendo los asuntos, no por el contrario los procedimientos concursales y restos de materias", puesto que "el Juzgado de lo Mercantil ha registrado 615 asuntos, cuando el módulo establecido por Consejo son 435".
VIOLENCIA DE GÉNERO
En violencia sobre la mujer, ha dicho que "los datos se han mantenido algo estables", después de que se registraron 3.604 asuntos en 2023 en Córdoba y provincia y en 2022 fueron 3.588, precisando que "de todos los asuntos, 2.203 han pertenecido al partido judicial de Córdoba y 1.401 a los partidos judiciales de la provincia".
Al hilo, ha indicado que "en la provincia se han registrado 2.844 denuncias frente a 2.840 de 2022", a la vez que "disminuye el porcentaje de mujeres que se acogen a su derecho a no declarar", de forma que "si en 2022 fueron 113 mujeres, en 2023 han sido 70", a lo que ha agregado que "se incoaron 461 órdenes de protección en 2023, frente a 418 de 2022", y de ellas "se adoptaron 398, porcentaje bastante alto, concretamente 86%, en las que se consideró que había que adoptar medidas de protección para la mujer".
También, el 67% de las sentencias de 2023 fue condenatoria, frente al 81% de 2022, al tiempo que "se nota un incremento de mujeres que denuncian y un descenso de las que renuncian a continuar con la misma", ha destacado.
Asimismo, ha avanzado que van a "luchar por la creación de un nuevo juzgado en la capital", porque "ha registrado 2.203 asuntos, cuando el módulo fijado por Consejo es de 1.600", de forma que "es una sobrecarga, máxime teniendo en cuenta el carácter delicado y especialmente sensible que supone la instrucción y enjuiciamiento de estas causas", ha manifestado.
Ante ello, ha planteado "crear un juzgado más en la capital y dotar a los dos de competencia provincial", o que el nuevo instruya asuntos de "los partidos judiciales más cercanos a la capital", de manera que "se descargaría a los juzgados de Posadas y Montoro, que están muy sobrecargados", ha afirmado.
Los juzgados de lo Social están "ligeramente sobrecargados", por lo que "ir previendo la creación de un nuevo juzgado más de lo Social no estaría de más", ha sugerido el presidente de la Audiencia Provincial, entre otros aspectos.
En cuanto a causas importantes, ha comentado que en el Juzgado de Instrucción número 4 se investiga un delito de estafa con ocho investigados y 2.000 perjudicados; el Juzgado de Instrucción número 7 investiga un fraude a la Seguridad Social y falsedad documental, con 350 investigados, aunque "ha habido 200 expedientes ya resueltos por conformidades", y en el Juzgado de Instrucción 8 hay 25 investigados por unas diligencias por delito de salud pública
