El concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Vivienda y Seguridad, Míguel Ángel Torrico (PP), ha informado hoy sobre las cuatro mociones que presentará su grupo en el Pleno ordinario del próximo jueves, día 14, tras haberse celebrado esta mañana la primera reunión de portavoces, en la que se ha decidido, entre otras cuestiones que no se podrán presentar en cada sesión más de ocho mociones (las conjuntas irían aparte) con un reparto de cuatro por el PP, dos por el PSOE, una por Hacemos Córdoba y otra por Vox.
La primera de esas mociones instar al Gobierno central a que acepte la cesión del edificio donde se ubicaba el sindicato UGT en Córdoba, en la calle Marbella y una vez que el inmueble sea de nuevo patrimonio público, se proceda a limpiar y adecentar el equipamiento, de manera que deje de ser un foco de problemas para los vecinos de la zona.
También propone en este sentido, iniciar un proceso de diálogo y colaboración con las instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Córdoba, y con los vecinos, para que el edificio pueda albergar un uso social y ciudadano, que aún estaría por decidir.
Otra de las mociones populares reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez (o de quien finalmente salga elegido en las próximas semanas) que materialice el tramo Norte de la Variante Oeste, dotándose de la cantidad presupuestaria correspondiente, para llevar a cabo la ejecución técnica de dicha infraestructura.
Para ello, haría falta que el Gobierno formalizara la firma de un nuevo convenio junto con la Administración de la Junta de Andalucía, para asegurar la construcción del proyecto de la Variante Oeste de Córdoba, tal y como se acordó, de manera conjunta, el pasado Pleno de 11 de febrero de 2021.
Un tercer texto insta también al Gobierno nacional que lleve a cabo un Plan Especial de Inversiones en Obras Hidráulicas para Andalucía que, finalmente, dé respuesta real a las necesidades sociales y económicas de la comunidad autónoma y que sirva para paliar los efectos de la sequía.
Finalmente, los populares piden al Gobierno no abordar en ningún momento la imposición de peajes en las autovías de España como medida de financiación de estas infraestructuras, teniendo en cuenta los mecanismos de financiación ya existentes a través de impuestos y presupuestos generales.
Igualmente se pide al ejecutivo central que informe, de forma concreta y precisa, sobre las medidas de implantación de peajes en las autovías que discurren por España en las que se haya comprometido con la Unión Europea y los efectos que tendrían estas medidas sobre los ciudadanos, y que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana garantice el acceso gratuito a las autovías como un elemento esencial para el desarrollo económico y social del país, utilizando los recursos ya disponibles de manera transparente y eficiente.
