Los grupos municipales de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba se han apuntado al carro de las críticas generalizadas al ministro de Consumo, Alberto Garzón (IU), y van a presentar en el Pleno municipal del próximo 18 de enero una moción conjunta para exigir al Gobierno que enmiende la plana a su ministro y que desde el Ministerio de Agricultura, en manos del cordobés Luis Planas (PSOE), desmienta las afirmaciones de su compañero de gabinete.
En concreto el texto de la moción planea exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), la rectificación inmediata de las declaraciones realizadas por Garzón y su cese por sus "reiterados ataques a uno de los sectores productivos más pujantes de nuestro país, el cárnico, que lleva años mejorando sus procesos para garantizar la más alta calidad alimentaria y el bienestar animal".
De igual modo se exige al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, competente en la materia, que, con los datos de que dispone, "desmienta inmediatamente" las afirmaciones de Garzón y ponga en marcha una campaña nacional e internacional de defensa y apoyo al sector ganadero cárnico y las medidas necesarias para que dicho sector avance en sostenibilidad.
Finalmente se plantea reconocer el gran trabajo realizado por los miles de ganaderos españoles, así como de los veterinarios e ingenieros agrónomos para hacer que el sector ganadero cárnico se adaptase a las nuevas exigencias, regulatorias y sociales, en materia medio ambiental, de bienestar animal y calidad y seguridad alimentaria alcanzando los máximos estándares de calidad en dichas materias.
Entre los motivos para exponer este texto los dos grupos indican que, según el Informe Anual de la Industria Alimentaria Española Periodo 2020- 2021, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación1, la industria cárnica es la tercera en cuanto a número de empresas que lo integran: 3.641 empresas, el 11,9% del total de empresas que conforman la Industria Alimentaria Española. De ellas el 67% de esas empresas tienen menos de 10 trabajadores (y el 92,7% no alcanza los 50 empleados).
De este modo, "esta industria está formada predominantemente por pequeñas explotaciones ganaderas de tipo familiar que ayudan a crear empleo y riqueza y, lo que es más importante, a fijar población en el mundo rural". En 2020 aportó casi 9.000 millones de euros de exportaciones a la balanza comercial española.
Para ambos grupos, en el caso de hablar de eficiencia, sostenibilidad y respeto al medio ambiente y al bienestar animal, la producción ganadera de carne representa únicamente el 5,8% del total de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial; el 80% de las cuales se producen en países en vías de desarrollo.
Como prueba de que la industria cárnica española está firmemente comprometida en la defensa del bienestar animal, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) -la mayoritaria en el sector- adoptó en 2019 el acuerdo de instalar cámaras de video-vigilancia en mataderos, con objeto de supervisar el correcto cumplimiento de las condiciones de bienestar animal en los establecimientos de sacrificio.
Este acuerdo se tradujo en una solicitud formal, en octubre de 2019, a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), para el desarrollo de la legislación correspondiente.
Además, "este sector cumple con toda la regulación relativa al bienestar animal y seguridad y calidad alimentaria elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el competente en la materia y que traspone las directivas que sobre estos aspectos se elaboran en la Unión Europea", asegura la moción.
Frente a estos datos, Alberto Garzón "no ha dudado en afirmar, en una entrevista concedida al periódico británico The Guardian, que España exportaba carne de mala calidad procedente de animales maltratados ('...they export this poor quality meat from these ill-treated animals')".
Unas declaraciones que, revisando los datos publicados por el propio Gobierno, "son rotundamente falsas y demuestran o la profunda ignorancia de este miembro del gabinete o su abismal sectarismo o ambas cosas a la vez", indica la moción.
En todo caso, PP y Cs recuerdan que "no es la primera vez" que el ministro "ataca a una de las industrias alimentarias más importantes de nuestro país y desprestigia a un sector que lleva años adaptándose a los nuevos estándares de sostenibilidad ambientes, bienestar animal y calidad alimentaria, que da trabajo a cientos de miles de españoles y es una herramienta fundamental para luchar contra la despoblación".
Y añaden que "no es la primera vez ni es el único sector productivo español atacado por el ministro de Consumo, ya son muchas las ocasiones y los sectores que han sido centro de las críticas y ataques por parte de un Ministro cuya misión es apoyarlos y si observa margen de mejora poner en marchas medidas, desde su departamento o conjuntamente con otros ministerios".
Segunda moción conjunta
Por otra parte, ambas formaciones llevarán otra moción conjunta en la que se instará al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a que "rectifique la resolución denegatoria de la ayuda solicitada por el Ayuntamiento de Córdoba en el Programa de Ayudas para el apoyo de mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización y conceda la ayuda por 2,871 millones de euros que ha solicitado el Ayuntamiento de Córdoba para el proyecto, Cordoba digital: un comercio innovador y competitivo.
En este caso la moción se justifica en que el Gobierno "ha vuelto a discriminar a Córdoba", ya que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha rechazado ayuda por 2,871 millones de euros que había solicitado el Ayuntamiento de Córdoba para el citado proyecto, presentado dentro del Programa de Ayudas para el apoyo de mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización.
En total se han repartido 103 millones en toda España de estos fondos específicos. La propuesta presentada por Córdoba se ajustaba a los requisitos de estos fondos, y en unos momentos como éstos en los que la crisis provocada por la pandemia de la Covid azota tan fuertemente a nuestro comercio local, se hacía más necesaria que nunca.
"Esta situación es aún más grave al darse reiteradamente. Ya ocurrió con las ayudas a las zonas más desfavorecidas y con las ayudas al turismo", afrima el texto. El motivo dado para que se haya excluido a Córdoba es que no existe dotación presupuestaria suficiente y que en el baremo no se haya aportado cofinanciación en este proyecto. Desde el Grupo Popular entendemos que no tiene sentido que para recibir estos fondos europeos los ayuntamientos tengan que poner parte de la financiación, lo que desvirtúa enormemente el sentido de esas ayudas en estos momentos.
