sábado 16.10.2021

Otro capítulo más en el proyecto del nuevo tanatorio de San Rafael

El PP avisa de que la alcaldesa podría haber ocultado "información relevante" sobre el proyecto del nuevo tanatorio

El PP se refiere a un informe de la interventora con fecha del 23 de enero en el que se "pondría de manifiesto la ilegalidad del proyecto". 

Salvador Fuentes
Salvador Fuentes
El PP avisa de que la alcaldesa podría haber ocultado "información relevante" sobre el proyecto del nuevo tanatorio

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba ha acusado a la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio; a la presidenta de Cecosam, María del Mar Téllez; y al gerente de esta empresa municipal, José Antonio Romero, de que podrían haber ocultado un informe de la intervención del día 23 de enero del 2018 en el que se demostraría que el proyecto de la construcción del nuevo tanatorio en el cementerio de San Rafael estaría incurriendo en un posible caso de competencia desleal. 

En concreto, según ha explicado el viceportavoz del Partido Popular, Salvador Fuentes, este informe técnico debería estar en manos de la alcaldesa de Córdoba y “no se ha puesto en conocimiento de los concejales”. A su vez, si el informe ha llegado a manos de la presidenta y el gerente de Cecosam “estos tampoco lo han puesto en conocimiento del consejo de administración de esta empresa pública”, ha explicado el también miembro del grupo popular Luis Martín. Si esto se confirma se estaría dando una situación “muy grave”, por lo que, desde el Partido Popular, solicitarían el cese de Téllez y Romero. 

En concreto, lo que la interventora hace ver en el informe es que de ser cierta la intención de Cecosam de la construcción de un nuevo tanatorio será imprescindible la tramitación del expediente de iniciativa económica en el que se recoge que “las entidades locales podrán ejercer la iniciativa de entidades económicas, siempre que esté garantizado el objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad finalizar del ejercicio de sus competencias”. Así, en este informe deberá justificarse que la iniciativa “no genera riesgo para la Hacienda municipal con un análisis del mercado de la oferta y la demanda, la rentabilidad y los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial”. Esto algo con lo que Cesosam no cuenta, al no estar en "equilibrio contable".  

Según Fuentes, “este proceso no se ha realizado”. Además, si lo que se va a desarrollar es una actividad económica, en termino de libre competencia en el mercado, como son los tanatorios, “debe valorarse la aportación municipal con ayuda prohibida incompatible”, es decir, si la ayuda que está dando el Ayuntamiento a la empresa pública es prohibida e incompatible “se podría estar incurriendo en una competencia desleal”, ha explicado Fuentes. 

En este sentido, el popular considera que  este equipo de gobierno “está creando una inseguridad jurídica que Córdoba no merece, nos estamos saltando a la torera la ley, ocultando información muy relevante al consejo de administración y a los propios concejales”. Todo esto para un proyecto que ya ha costado “115.000 euros”.

Por este motivo, desde el Partido Popular piden “la suspensión del proyecto”, además de las explicaciones pertinentes a la alcaldesa y a María del Mar Téllez, “por el atropello a la ley y por la ocultación de una información relevante que cuestionaba la competencia desleal y la incompatibilidad de una ayuda pública para realizar una actividad de libre mercado”. 

En este sentido, cabe recordar que la empresa Tanatorios de Córdoba ya informó de que el proyecto “podría estar rozando la ilegalidad”. Y es que, según el abogado especialista en derecho urbanista Cecilio Valverde este proyecto “contraviene el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en la medida en que este último sólo permite la instalación de tanatorios en suelo no urbanizable”. 

Además, “en el PGOU no se distingue entre tanatorios con y sin crematorio”. Esto contravendría, de alguna forma, las afirmaciones del Ayuntamiento que sostienen que este proyecto “sí sería legal mientras no se procediera al proceso de incineración”. Sin embargo, tan sólo se podrían realizar obras de mantenimiento y reformas necesarias mientras mantengan su uso, todo esto, en suelo no urbanizable.